La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Asturias, Javier Fernández, y Arágon, Javier Lambán, mantendrán el próximo miércoles, 26 de diciembre, una reunión en la que los representantes de las tres comunidades exigirán una alternativa justa que mantenga la actividad en las cuencas mineras ante el fin de la minería de carbón y el cierre de las centrales térmicas.
Fuentes del Ministerio confirmaron hoy la reunión que tendrá lugar a partir de las 12 horas en la sede madrileña de este departamento. Además de los tres presidentes autonómicos y de la ministra, está prevista la presencia en la cita de los secretarios de Estado de Medio Ambiente y Energía, Hugo Morán y José Domínguez, respectivamente.
La semana pasada se conoció que Herrera (PP), junto a Javier Fernández y Lambán, ambos socialistas, había solicitado a través de una carta un “urgente encuentro de trabajo” con la ministra de Transición Ecológica para analizar con detalle la situación de las cuencas, que se consideró desde la Junta como “límite”. Además, avanzó la intención de acudir al encuentro con una actitud constructiva y con una voluntad de colaborar.
En la carta, los tres mandatarios recordaron que la minería del carbón y la producción de energía por las centrales térmicas han sido dos sectores complementarios de “gran tradición y presencia” en estos territorios y expresan la preocupación por las consecuencias económicas y sociales graves y directas en el desarrollo de las decisiones y compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y la transición energética.
Igualmente, subrayaron que, aunque exista alguna diferencia en cada una de las comunidades, los tres gobiernos mantienen una “posición común para hacer frente a la enorme preocupación” que comparten sobre los “duros efectos y problemas sociales, económicos, laborales y demográficos que la acelerada desaparición de esas actividades está provocando en los últimos años en esos territorios”. “Una preocupación que todavía es mayor más sentida en los municipios, ciudadanos, trabajadores y familias directamente vinculados a las minas y a las centrales térmicas”, explicaron a Ribera.
En ese marco, los tres presidentes solicitaron la reunión con la ministra para analizar la situación y las medidas que puedan favorecer un “cierto futuro” para estos sectores, tanto por razones estratégicas vinculadas a la política energética nacional, como por razones sociales de “pura supervivencia de las comarcas mineras”.
La transición justa, como indicaron en la misiva, es atender el impacto social de los cierres de minas y centrales, acompasando éstos a la creación de nueva actividad económica y de empleo que genere alternativas reales y ciertas de vida para las cuencas. “Por todo ello, entenderás nuestra gran preocupación por la situación actual, nuestro deseo de colaborar para poner en marcha esas alternativas y nuestra urgencia por mantener un encuentro contigo”, concluye el texto.
Plan estatal
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió estas tesis, según la Junta, en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 27 de noviembre en La Moncloa. Entonces, Herrera solicitó la implicación del Ejecutivo central a través de un plan estatal de alternativas destinado a mantener al menos 2.000 empleos que se perderían con los cierres anticipados.
En ese plan estatal de alternativas, que Herrera dejó en la mesa del Gobierno, se propone una reserva para proyectos industriales en la zona con el objetivo de generar los puestos de trabajo que se pierden por el cierre de las minas y las térmicas y la transición y la descarbonización.
El presidente de la Junta defendió que algunas minas y grupos térmicos pueden ser competitivos y funcionar más allá del 1 de enero de 2019 en que está prevista su clausura y pidió al Gobierno que “no corra más que nadie” y se puedan apurar los plazos hasta el 2030 en vez del 2025, en una idea en la que insistió Marcos al dar a conocer el contenido de la carta remitida a Ribera.
La Junta entiende que se puede flexiblizar la devolución de las ayudas por las empresas, reconsiderar la posibilidad de mantener un cupo de carbón autóctono en el mix nacional, realizar una reestructuración justa y con plazos y mantener la actividad mediante la permanencia de los trabajadores en tareas de restauración. No obstante, rechaza como medida para la transición la posibilidad de prejubilar a personas con 40 años.