La nueva obligación legal de pedir una estructura de costes retrasará "como mínimo" otros dos meses la licitación del TUP

El concejal de Movilidad espera que este nuevo retraso no le pase factura al Gobierno municipal en la negociación del presupuesto con los grupos políticos. El servicio se sacará a concurso por 10 años más 5 prorrogables.

09 de Febrero de 2017
Actualizado: 10 de Febrero de 2017 a las 13:09
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La licitación del TUP (Transporte Urbano Ponferrada) se enfrenta a un nuevo retraso. Saldadas ya las contradicciones técnicas que lo sacaron del orden del día del Pleno de diciembre, ahora es una normativa publicada el 4 de febrero la que obligará a prorrogar "como mínimo" en un par de meses la luz verde al nuevo pliego de condiciones. Se trata de la necesidad de establecer una nueva estructura de los costes del servicio, lo que implica pedir informe a cinco operadores distintos y exponerse a posibles alegaciones, según explicó este jueves el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Ricardo Miranda.

La nueva normativa exige tener en cuenta los costes del servicio tanto los directamente relacionados con su funcionamiento (personal, mantenimiento, combustible, neumáticos...) como los indirectos (como los seguros, por ejemplo). El trámite ya está dispuesto, pero obligará a retrasar la licitación al menos otros dos meses "si todo va bien", dijo el edil.

Se suma así un nuevo retraso a la aprobación de unos pliegos que apenas presentan variaciones con respecto a las actuales condiciones habida cuenta de que contemplan el mantenimiento de la plantilla y las líneas actuales (que mantendrán los fines de semana la denominación que ahora tienen de lunes a viernes e incorporarán un circular). El servicio, actualmente en manos de la UT que conforman Aupsa y Begar y que deja cada año un importante déficit que asumen las arcas municipales (superior al millón de euros anuales), se adjudicará por un plazo de 10 años más 5 prorrogables. Desde marzo de 2012, cuando expiró el contrato con las actuales adjudicatarias, se mantiene en una situación de alegalidad.

"No contábamos con esto", admitió el concejal de Movilidad para entender que los grupos de la oposición "no deberían" pedir responsabilidades políticas por este nuevo retraso. Tampoco cree Miranda que esta situación afecte a la negociación abierta para aprobar el presupuesto municipal de 2017.