La Red Estatal del Castaño solicitó este viernes la puesta en marcha urgente del plan de contingencia para luchar contra la avispilla después de conocer que este insecto alcanza ya a casi todas las zonas productoras de castaña de la península ibérica y amenaza con destruir la economía de los productores y propietarios de sotos. Tras reunirse esta semana con responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica, los responsables de la Red se mostraron “optimistas” con el resultado de los estudios que evalúan el impacto de la introducción en el medio natural del parasitoide Torymus sinensis como organismo de control biológico de la plaga, “único método que se ha revelado eficaz hasta la fecha”, destacaron.
En ese sentido, los representantes de los productores insistieron en la urgencia de tramitar las autorizaciones administrativas pertinentes para implementar “medidas eficaces, inmediatas y de amplitud suficiente” que minimicen los efectos provocados por esta especie invasora. Cabe recordar que la avispilla del castaño, originaria de China, lleva presente en Europa desde 2002, año en el que fue avistada por primera vez en Italia. La plaga llegó a España en el año 2012 y se propagó con velocidad por el resto del territorio peninsular.
En 2018, más de 40.000 inspecciones de campo llevadas a cabo por personal del Ministerio detectaron la presencia de hasta 265 colonias de avispilla. En cuanto a las sueltas experimentales de Torymus, Galicia concentra la mayoría de ejemplares liberados, aunque la medida también se ha puesto en práctica en áreas de Andalucía, Asturias y Castilla y León. En la comarca del Bierzo, la Junta autorizó en mayo del año pasado las primeras sueltas experimentales.
Al respecto, el órgano que agrupa a los representantes del sector de la castañicultura reclamó que la estrategia de erradicación y control se lleve a cabo de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas y con el sector. Sin embargo, el Ministerio había retrasado esta autorización hasta no disponer de las evidencias científicas necesarias, que garantizasen que no había riesgos de afección al medio natural.
Tras el encuentro, los responsables del Ministerio se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para que en el mes de septiembre puedan estar resueltas las autorizaciones, aunque su uso seguirá estando coordinado y supervisado por las autoridades responsables en materia de sanidad vegetal de las comunidades autónomas.
España dispone de 300.000 hectáreas de bosque de castaño, uno de los hábitats declarado de interés comunitario dentro de la directiva hábitat de la Unión Europea. La pérdida de producción de un sector del que dependen más de 100.000 familias en todo el territorio nacional puede representar un impacto negativo en la economía del medio rural superior a los 600 millones de euros, apuntaron fuentes de la Red Estatal, que subrayaron que la gestión y el aprovechamiento de los recursos que ofrecen estos bosques son “la mejor y única garantía para su conservación”.
En ese sentido, los castañicultores valoraron la reciente creación del Grupo Operativo Saluscastanea, un proyecto innovador que promoverá la investigación destinada a solucionar los principales problemas y amenazas que afectan al castaño y reclamaron al Ministerio que cumpla con su compromiso de iniciar una campaña divulgativa e informativa sobre la plaga.