En esta línea, el pasado 21 de septiembre, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón sostenía que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad va a ser “laxa”, con unas limitaciones “mínimas”, ya que “se ha sensorizado la calidad del aire desde hace mucho tiempo y afortunadamente es bueno”, algo que va a permitir que la ordenanza sea “permisiva”. Las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en la ciudad, como en Huertas del Sacramento, Antolín López Peláez, en la calle Navaliegos, calle Eladia Baylina, calle Real, se enmarcan dentro del proyecto “Ponferrada 4.0, aire limpio y calidad de vida”, seleccionado por los Fondos Europeos, al que se le concedieron 2,4 millones y el Ayuntamiento pone casi 900.000. “-El proyecto- responde a hacer mejor la vida de un entono importante de la ciudad, más saludable. Las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener en 20213 una Zona de Bajas Emisiones y las restricciones en Ponferrada serán mínimas”, explicaba el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, durante la presentación de la peatonalización de la calle Real.
A día de hoy, casi medio millón de vehículos circulan por las nueve ciudades de Castilla y León que están obligadas a tener una zona de bajas emisiones en 2023, según datos de Sumauto, especialista en portales verticales de automoción que integra a Autocasión, AutoScout24, Unoauto y RentingCoches. Más de 175.000 coches sin etiqueta se verán afectados por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones (ZBS) en Castilla y León, normativa que entrará en vigor el próximo año en nueve ciudades de la Comunidad para cumplir con la Ley de Cambio Climático. Esto supone que afectará a más de un millón de personas, es decir, al 44 por ciento de los castellanos y leoneses.
A partir de ahora, se abre un escenario de coches “inmovilizados” que, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde. Otra opción es que sus propietarios decidan venderlos, pues serán “atractivos para zonas rurales o pequeñas poblaciones”, o bien “abrir mercado en el extranjero para su exportación”.
Mientras, Burgos con un 32,9 por ciento, es la ciudad con el menor ratio de coches de más de 20 años de la Comunidad Autónoma. Además, Soria no se verá impactada por esta normativa al tener menos de 50.000 habitantes. A nivel nacional, estas zonas afectarán a 149 municipios españoles en los que residen más de 25 millones de personas, es decir, el 53 por ciento de los habitantes del país (según el INE), y circulan más de 11 millones de vehículos. De todos ellos, una tercera parte tiene más de dos décadas y carece de etiqueta medioambiental.
El portavoz de Sumauto, Ignacio García Rojí, la sociedad “se encamina hacia una movilidad discriminatoria a dos energías, en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidades de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente”. Por un lado, prosiguió, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular “sin inconvenientes”; y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con “vehículos contaminantes e inseguros” de más de 20 años, “pero con la ventaja de no tener restringida su circulación”.
