En el conjunto del país, el incremento se cifró en el 16,6%, un aumento que desde el CGPJ recuerdan que se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente al COVID-19 tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año, que se tradujo en importantísimas reducciones en todos los tipos de demandas.
En el tercer trimestre, las 619 demandas de divorcio consensuado son un 14% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 342 demandas de divorcio no consensuado son un 0,6% más. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 48 demandas de separación consensuada representan un 37,1% más que un año antes y las 13 no consensuadas son casi el doble que un año antes (el 185,7% más). Además, no se registró ninguna nulidad.
En cuanto a la relación de las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero y analizando todas las comunidades, Castilla y León registró el menor volumen, con 4,3 por cada 10.000 habitantes, igual que el País Vasco, seguidas por Madrid (con 4,4) y Aragón (4,6), todas ellas por debajo de la media nacional de 5,4. Por el contrario, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen Baleares, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5, todas ellas por encima de la media estatal.