El Colegio de Economistas de Castilla y León auguró este miércoles que el carrusel de elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas a las que se enfrenta España en los próximos meses “ralentiza” la actividad, ya que reduce la inversión empresarial y el consumo de los ciudadanos ante la incertidumbre de los resultados.
Así lo concluyó el presidente de esta organización, Juan Carlos de Margarida, quien alertó de que la situación de la Comunidad “es inestable” y presagió un “empeoramiento” en los próximos trimestres, en el marco de una recesión contextualizada en el Brexit, el proteccionismo impuesto por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el decrecimiento de economías fuertes del euro, como la italiana, la alemana y la francesa, a la vez afectada por la crisis de los conocidos ‘chalecos amarillos’.
De Margarida, que este miércoles presentó el Observatorio Económico de Castilla y León, achacó a factores también políticos esta tendencia para la Comunidad. En conjunto, afirmó que la economía regional no crecerá en 2019 por encima del dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), “un retroceso en la evolución de la recuperación que se había producido en los últimos años”, pues en 2018 el PIB alcanzó el 2,2 por ciento y en 2017, el 2,5. De hecho, su previsión para 2020 cae aún más y vaticinó un 1,9 por ciento. “La economía regional crece, pero cada vez menos”, alertó el economista, quien prosiguió que “si se enfría la contratación, la economía se frenará”.
Al respecto, auguró una “desaceleración económica prolongada en el tiempo”, una cuestión en la que hizo hincapié y para la que aconsejó una “adecuada” gestión del gasto público, reducir la deuda y subir los impuestos “de forma cautelosa y en la medida de lo posible”. A todo ello, advirtió, se suma un tejido empresarial en la Comunidad “descompensado”, en el que el 97 por ciento de las sociedades son micropymes, y que necesita “aumentar tamaño”. También apostó por instalarse en el medio rural, una medida que contribuiría a reducir la despoblación, pues las estimaciones indican que en 2033 Castilla y León habrá perdido entre el 15 y el 20 por ciento de sus habitantes. “Le espera un futuro nada halagüeño”, lamentó.
En opinión de Juan Carlos de Margarida, las empresas de la Comunidad “se están olvidando de la importancia de mantener el esfuerzo exportador que se hizo para poder salir de la crisis”, si bien admitió que este sector es una “montaña rusa”, como demuestran los últimos trimestres, desde 2017, en los que se han registrado aumentos y caídas. “No tenemos estabilidad y eso es preocupante, porque el motor de la economía regional es el consumo interno y las ventas al exterior”, apuntó.
Por otro lado, el también decano de los Colegio de Economistas de Valladolid advirtió de que la existencia de “gobiernos débiles” que “no pueden realizar inversiones y acometer reformas estructurales lleva a los consumidores a preferir el ahorro, reduciendo la demanda interna, y a las empresas, a ser conservadoras en la creación de empleo y en la adopción de procesos de transformación que les permita alcanzar niveles de productividad y calidad suficientes como para competir en el mercado actual”.
Salarios
Por último, abogó por la necesidad de subir los salarios de los trabajadores para activar el consumo e incrementar la demanda interna, una medida, sin embargo, que “perjudicará especialmente a las micropymes”. En este punto se detuvo en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, aprobado por el Gobierno por Real Decreto y que en Castilla y León “afectará a los sectores agrícola, textil, hostelería y restauración, principalmente”.
También conllevará, a su juicio, un aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial y existirá el “riesgo” de que esta medida “repercuta en la pérdida de empleo”, a pesar de que el escenario en algunas empresas “había mejorado”.