La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio anunció este martes que en materia de conservación de la biodiversidad, se crearán cuatro circuitos de BTT de primer nivel: Alto Bernesga y Las Médulas en León y El Bierzo, Soria Paraíso Natural, y Sierra de Ayllón y Guadarrama en Segovia. Aunque por el momento se desconcoen los plazos así como la inversión que se destinará a estas obras.
Medio Ambiente destinará 248 millones de euros en esta legislatura para alcanzar la depuración del 100% de los vertidos, tal y como explicó el titular del departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien expresó su deseo de abordar, a través de Somacyl, las nuevas infraestructuras necesarias para garantizar la disponibilidad de agua en todos los núcleos de población.
El consejero destacó esta tarde en las Cortes de Castilla y León, durante su comparecencia para explicar sus actuaciones en los próximos cuatro años, que el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación “serán los ejes principales de las políticas” de su departamento, que se gestionarán a través de las correspondientes direcciones generales de este departamento y su sector público.
Igualmente, avanzó que se desplegarán las actuaciones previstas en la Estrategia de Economía Circular, con “especial intensidad” en el impulso de la utilización de la biomasa forestal. En este sentido, la Consejería invertirá 133 millones en el desarrollo de esta materia prima de energía renovable, con nuevas redes de calor para edificios públicos y privados, la construcción de seis centros logísticos de biomasa, así como la participación en proyectos que desarrollen nuevas tecnologías para su aprovechamiento forestal y agrícola, proyectos que pueden generar inversiones en este sector, dijo, superiores a los 500 millones de euros.
En este sentido, Somacyl prevé instalar 140 kilómetros de nuevas redes de calor, que abastecerán a 30.000 viviendas y 350 edificios públicos, que consumirán 170.000 toneladas de biomasa y evitarán la emisión de 150.000 de CO2.
Suárez-Quiñones especificó los objetivos en un impulso del sector de la madera y su mercado, con un aumento de la producción hasta llegar a los 3,5 millones de metros cúbicos anuales de madera y biomasa (actualmente son 2,8 millones); y, a través de la empresa pública Somacyl, el fomento del cultivo del chopo para abastecer a la industria y para seguir extendiendo las redes de calor y plantas de generación eléctrica, con un ritmo de plantaciones de 500 hectáreas al año y una subasta de 300.000 metros cúbicos de madera de chopo. Se pondrá en marcha en plan de choque para incrementar la puesta de madera en el mercado.
En este contexto, el consejero anunció la elaboración de un Plan de la Industria Forestal que dará respuesta a las demandas del sector, la convocatoria de ayudas a esta industria, a la formación de conductores y trabajadores forestales especializados, y la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento forestal que contribuya a la profesionalización del sector, a través de la digitalización, la optimización del I+D+I y del componente tecnológico.
En el ámbito normativo avanzó la participación de la Consejería en la elaboración de un Proyecto de Ley de Desarrollo y Competitividad del Medio Rural, colaborando con la Consejería de Agricultura y Ganadería; la modificación de la Ley de Montes de Castilla y León, para simplificar el régimen de los aprovechamientos y regular los derechos ligados a los servicios ecosistémicos de los montes, en especial la absorción de CO2 así como la puesta en marcha de otros cambios normativos necesarios.
Solo la empresa pública Somacyl invertirá 884 millones en estos próximos cuatro años. Entre sus inversiones destacan 177 millones para 285 infraestructuras de aguas de depuración en municipios mayores a 500 habitantes equivalentes, a los que se suman otros 110,5 millones en el periodo 2023-2028 en el marco de un programa con diputaciones y ayuntamientos para más de mil pequeñas infraestructuras de depuración. Suárez-Quiñones mencionó otros 114 millones en materia de abastecimiento; 10,2 millones para la rehabilitación de las estaciones de autobuses de Ávila, Ponferrada, Palencia. Ciudad Rodrigo y Soria; 63,6 millones para el desarrollo de suelo industrial y dotacional; 57 en materia de residuos; y 41,8 millones en obras singulares, como la nave logística de Nissan en Ávila o la Cúpula dela Energía (PEMA) en Soria. A ellas se unen los 153,5 millones para biomasa.
Biodiversidad
Y en materia de conservación de la biodiversidad, el consejero anunció la elaboración de un plan estratégico y de acción para la conservación de las especies amenazadas en Castilla y León como marco integrador de los 21 planes de recuperación y conservación para un total de 50 especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en los que trabaja la Consejería. Igualmente, puso sobre la mesa la puesta en marcha de un plan de reintroducción del quebrantahuesos en la Sierra de Gredos, “emblemática especie desaparecida hace décadas y que volveremos a ver en nuestra sierra abulense”.
Además, comprometió la construcción de un nuevo CRAS (Centro de Recuperación de Animales Silvestres) en la provincia de León, cuyas obras comenzarán a principios de 2023 en el complejo de Valsemana, donde se encuentra el Centro de Cría en cautividad del Urogallo cantábrico, con una inversión de 1,75 millones de euros. También se crearán dos nuevos equipamientos que hagan más atractivos el medio natural, y un nuevo programa de mejora y acondicionamiento integral de senderos naturales emblemáticos de Castilla y León, así como la construcción de cinco nuevas casas del parque en Picos de Europa, en Posada de Valdeón (León), Alto Ebro, en Quitanilla del Rebollar (Burgos), Covalagua y Las Tuerces, en Aguilar de Campoo (Palencia), y Sabinares del Arlanza (Burgos), así como cuatro circuitos de BTT de primer nivel: Alto Bernesga y Las Médulas en León y El Bierzo, Soria Paraíso Natural, y Sierra de Ayllón y Guadarrama en Segovia.
En materia de caza, Suárez-Quiñones apostó por el impulso al sistema de seguimiento de las poblaciones cinegéticas. “Queremos anticiparnos a lo que la Unión Europea pueda imponer en materia de gestión de la caza de especies migratorias como codorniz y becada, o sedentarias, como la perdiz, y para evitar situaciones no deseadas como la sucedida el pasado año”, sentenció Suárez-Quiñones, quien recordó que ha supuesto la moratoria de la caza de la tórtola europea; con lo que se implantarán medidas de lo que ahora los expertos denominan “caza adaptativa”.
“Queremos defender que la gestión de la caza en nuestra tierra ofrece mecanismos fiables de trazabilidad de las capturas de piezas de caza que en cada momento se están produciendo e impulsaremos la figura del cazador colaborador para un mejor conocimiento del sector y de las especies, así como la figura del coto colaborador, como terreno piloto o experimental para implantar sistemas de gestión avanzada en materia de especies cinegéticas y de mejora de la gobernanza de los cazadores que desarrollan la actividad”, explicó el consejero.
Sobre la pesca, detalló los planes para “consolidar Castilla y León como referencia en cuanto a calidad y variedad”; la recuperación para la trucha de amplias zonas de pesca utilizando el material genético autóctono de los centros de acuicultura de León y Ávila, y la mejora de la señalización y el acceso a los distintos tramos de pesca, serán otras de las preocupaciones de la legislatura.
Finalmente, el consejero mencionó la puesta en marcha de una reorganización de la estructura de gestión del medio natural de Castilla y León, “para hacer realidad estos compromisos y obligaciones y garantizar unos servicios públicos de calidad, imprescindible para gestionar, con principios de eficacia, los más de 3.500 montes públicos, los 30 espacios naturales protegidos declarados, los más de 1.400 kilómetros de ríos pescables, las 10 reservas autonómicas de caza y las más de 40.000 hectáreas de vías pecuarias”. En definitiva, resumió Suárez-Quiñones, un nuevo modelo de gestión del patrimonio natural de la Comunidad para esta nueva etapa que “sirva de tractor para la revitalización de nuestras áreas rurales forestales”.
Infraestructuras hidráulicas
En el ámbito de la sostenibilidad ambiental y las infraestructuras hidráulicas, el consejero detalló que el punto de partida es la aprobación de la nueva ley de Cambio Climático y Transición energética de Castilla y León, que “permita contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión Europea en este ámbito y aprovechar las oportunidades que para la economía y el empleo de la Comunidad supone este cambio de modelo”.
Sobre la calidad ambiental, afirmó que la actividad se centrará en el desarrollo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León y en la recuperación de las áreas degradadas por distintas actividades humanas, con especial atención al programa de recuperación de escombreras y en el de áreas afectadas por actividades mineras, que suponen una inversión de 90 millones de euros. En este sentido, comprometió el cierre de todas estas zonas degradadas. También, en coordinación con los consorcios provinciales de Gestión de Residuos se realizarán inversiones de renovación y reposición de infraestructuras por importe de 57 millones.
Además, habló de la simplificación de procedimientos ambientales, en colaboración con la Vicepresidencia que dirige Juan García-Gallardo. Puso como ejemplo que no es coherente que un comercio que “abre en el Paseo de Zorrilla de Valladolid tenga que esperar el informe por su afección a la Red Natura 2000”. Para ello, se trabajará con todos los ayuntamientos, con independencia de su tamaño.
Respecto a la gestión del agua, Suárez-Quiñones consideró la necesidad de aprobar una Ley autonómica sobre el agua que “garantice un aprovechamiento óptimo del recurso como factor de competitividad y que ordene la actividad en la materia”, bajo una perspectiva de protección del recurso, en coordinación con las administraciones locales y la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Protección Civil
En el ámbito de Protección Civil y Emergencias, el consejero reafirmó el valor que este sistema ha aportado a crisis tan relevantes con la derivada del Covid-19, los incendios forestales, los episodios meteorológicos adversos, etc. “con la finalidad de que la ciudadanía obtenga una respuesta eficaz, cercana y profesional a cualquier situación que irrumpe de forma imprevista”.
Suárez-Quiñones señaló tres pilares que deben sustentar el sistema de protección civil y emergencias de Castilla y León. Por un lado, el refuerzo de los recursos y las capacidades del sistema; por otro, el fortalecimiento de la colaboración entre las diferentes administraciones territoriales, y conseguir la implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil”.
En este sentido, apeló a la necesidad de “aprovechar algunas oportunidades”, especialmente la participación financiera en el Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2021-2027, que ha incluido entre sus objetivos políticos la prevención y gestión de riesgos y, por último, la participación activa en los mecanismos de colaboración entre Administraciones territoriales previstos en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Entre otras acciones concretas de estos tres pilares se definirá una nueva estructura organizativa y de modernización del servicio operativo del 1-1-2, con un presupuesto de 21,4 millones de euros; actualizar la plataforma tecnológica del 1-1-2, con 13 millones de euros; mejorar la capacidad operacional y de seguridad del helicóptero de rescate y de salvamento, con 8,4 millones de euros; también se garantiza una amplia oferta formativa a los profesionales y voluntarios, con el inicio de una plataforma ‘online’; se actualizará el catálogo de medios y recursos de autoprotección; se elaborará un plan especial ante el riesgo radiológico y se actualizarán los planes ante riesgos de accidentes en transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y ante el riesgo de inundaciones. En total, en esta materia, una inversión aproximada de 101,5 millones.
Respecto a fortalecer la colaboración entre las diferentes administraciones territoriales, en el ámbito normativo se prevé aprobar dos leyes de transcendencia para las entidades locales, como la de coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios y la Ley de coordinación de policías locales. También se aprobará el Decreto por el que se regula el voluntariado de protección civil, el Decreto de espectáculos taurinos y de escuelas taurinas. Como actuaciones de apoyo técnico y económico, la Junta seguirá apoyando, dijo Suárez-Quiñones, con 43,1 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones para adaptarse al Plan Sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; y se continúa impulsando la creación de agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil (actualmente 119, integrada por 2.600 voluntarios en Castilla y León), incrementando, asimismo, en 100 vehículos el parque móvil del voluntariado en los municipios.