El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García (D), y la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo (C), durante la firma del convenio para la gestión del parque público de alquiler social de Ponferrada / César Sánchez / ICALLos centros de atención social (Ceas) del municipio de Ponferrada se convertirán en “ventanillas únicas” desde los que se tramitarán las peticiones de vivienda con destino al alquiler social de las personas más vulnerables, gracias al convenio de colaboración firmado este martes por la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. El acuerdo pretende evitar el “peregrinaje” de los ciudadanos por las distintas oficinas.
En ese sentido, el acuerdo se basa en el protocolo de colaboración firmado en noviembre del año pasado por la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias para gestionar “de una forma coordinada” el parque de viviendas de titularidad pública destinadas a cubrir temporalmente situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. “Queremos mejorar lo que ya se venía haciendo y hacer el procedimiento más sencillo, accesible y cercano”, explicó Suárez-Quiñones, que afirmó que el año pasado se registraron 101 asignaciones de alquileres sociales.
En esa línea, el objetivo fundamental del convenio es facilitar a los ciudadanos la solicitud de una vivienda, al centrarla en un único organismo, que se encargará de valorar las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias. Los distintos Ceas trasladarán directamente las peticiones al Servicio Territorial de Fomento, para continuar con la tramitación de la solicitud.
Con ello, se pretende dar una “repuesta rápida” a estas peticiones. En ese sentido, la consejera de Familia recalcó que este tipo de actuaciones “refuerza la red de protección y hace que llegue a más personas”. El objetivo último, subrayó García, es “que ninguna familia se quede sin vivienda”. La Consejería de Familia facilitará el acceso al alquiler social cuando se produzca un desahucio, en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos, y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos.
Además, como responsable de la Red de Protección a las familias, la Consejería que dirige García coordinará a nivel regional la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como pueda ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise por sus circunstancias de una vivienda en otra provincia.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pondrá a disposición de los servicios sociales las viviendas disponibles, tanto en Ponferrada como en la provincia de León. El parque público de viviendas de alquiler social de la Junta en Ponferrada dispone de ocho viviendas, de un total de 124 en toda la provincia de León, repartidas en 34 municipios. En el global de la Comunidad, el parque público de alquiler social dispone actualmente de 1.765 viviendas, casi 600 más que al inicio de la legislatura, destacó Suárez-Quiñones. En ese sentido, el consejero valoró el incremento del número de viviendas disponibles como uno de los compromisos de la Junta y recalcó que “necesitamos más viviendas porque el parque sigue siendo insuficiente”.
Plan Estatal de Vivienda
Por otro lado, Suárez-Quiñones calificó de “buena noticia” la aprobación del reparto entre las comunidades autónomas de los 1.443 millones de euros que destinará el Gobierno al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Castilla y León recibirá 77,9 millones, lo que supone un incremento del 25 por ciento respecto al anterior periodo.
Por su parte, la Junta León aportará otros 24 millones de euros, logrando así una inversión de 101,7 millones de euros para alquiler y rehabilitación, cantidad “histórica”, según calificó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, ya que permitirá atender las necesidades que se determinen en el marco del Diálogo Social.