El Gobierno dio este viernes luz verde a la Estrategia de Transición Justa que contempla para los Convenios de Transición urgentes 130 millones en líneas de ayuda para el marco 2019-2021. Para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer “dificultades” para la actividad económica y las empresas, el Gobierno propondrá la firma de un acuerdo de Transición Justa.
Este convenio articulará un plan de acción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.
Para el apoyo técnico a la elaboración e implementación de los Convenios de Transición Justa, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) se transformará en el Instituto de Transición Justa que reforzará y ampliará su espectro a más zonas en transición y a más sectores de actividad.
Estos convenios animarán y canalizarán la participación de los diferentes actores implicados: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental. Este planteamiento permite la combinación de participación social y profesionalización del proceso.
Como apoyo financiero, ofrecerán acceso “asistido y ágil” a líneas de apoyo de la Administración General del Estado (AGE), asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional -tras la valoración de su idoneidad por parte del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, Migraciones y Seguridad- o herramientas de política energética, como las subastas específicas de energías renovables.
Despoblación
La Estrategia hace especial énfasis, según el Gobierno, en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación. Algunas de las líneas propuestas son el impulso a las energías renovables como biomasa o biogás, el apoyo a la Estrategia de Bioeconomía, diseñada para generar valor económico, activando mercados locales para productos y subproductos, o la revisión del Plan Forestal Español.
El documento propone la integración de la Transición Ecológica en los Planes Anuales de Política de Empleo, prestando especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o la mejora de los servicios de empleo en territorios vulnerables a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en colaboración con las comunidades y los agentes sociales.
Incluye medidas para revisar los contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, la formación profesional y la enseñanza universitaria para la inclusión de contenidos sobre la transición ecológica y otros vinculados, como la digitalización. También recoge la promoción de una Formación Profesional Dual entre empresas de sectores verdes y jóvenes en formación.