La inversión crediticia en la Comunidad se situó en los tres primeros meses del año, en los 42.978,1 millones de euros, con un descenso del 0,7% respecto al mismo periodo de 2019, con 281,29 millones menos. Un dato que retrotrae a la autonomía a niveles de 2004, tras el desapalancamiento de familias, administraciones y empresas durante los últimos años de crecimiento tras la crisis bancaria de 2008.
En concreto y según los datos que maneja la Junta, recogidos por Ical, el crédito privado sumó en el arranque de este año, los 39.788,4 millones, un 0,3% menos que en 2019; mientras que la financiación pública se fue a niveles de 2010, con 3.189,6 millones, y una rebaja en relación al año anterior, del 4,3%.
El ahorro, por su parte, camina en dirección contraria, con 70.679,1 millones de euros, y un aumento del 3,9% respecto al año pasado. Los depósitos privados crecieron un 4,1%, con 67.908,3 millones; mientras que los públicos bajaron seis décimas, hasta los 2.770,8 millones.
El saldo entre créditos y depósitos arroja 27.701 millones de hucha, que sirve para financiar otras economías más dinámicas que la castellana y leonesa, cuando más se necesita la reactivación de la economía en un contexto de crisis por la pandemia sanitaria.
La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) puso de relieve, en declaraciones a Ical, que es una realidad que las empresas se enfrentan a “graves problemas de liquidez generados por la reducción de los ingresos por la falta de actividad durante el estado de alarma y el hecho de tener que seguir afrontando gran parte de sus costes, en especial, los fijos”
Ante esta situación, desde la patronal autonómica apelaron agilizar la llegada de liquidez a las empresas, “aumentando las líneas de avales públicos, adaptándolas y acompasándolas a la evolución de la actividad económica de cada sector”.
En este sentido, las mismas fuentes recordaron que el 25 de marzo, en el marco del Diálogo Social, acordaron medidas destinadas a la financiación, aunque en estos momentos “hay que ampliar la dotación económica acordada, sobre todo, el apoyo a Iberaval para facilitar la financiación y flexibilizar las condiciones de los créditos bonificados e ir más allá de un año de carencia y 3 de amortización”.
“La clave es la simplificación de los trámites para la concesión de las ayudas para dotar de liquidez a las empresas, la ampliación de su alcance en determinados casos y la adopción de medidas que permitan la adaptación a la recuperación gradual de la actividad, colocando a las personas en el centro de todo este proceso”, sentenciaron.
Provincias
Las cifras recogidas por Ical, indican que los créditos descendieron en todas las provincias respecto al año anterior, excepto en Burgos (7.302 millones) y Zamora (2.309,5), aumentaron respecto a 2019 un 1,2% y 1,5%, respectivamente.
Por el contrario, mermaron en Palencia (2.261,4 millones), un 5,7%; en Segovia (2.469), un 2,1%; en Ávila (2.150,9), un 1,8%; en León (6.723,4) y Valladolid (12.590,3), un 0,8% en ambos casos; en Soria (1.651,5), un 0,4%; y en Salamanca (5.519,5), un 0,1%.
En cuanto a los depósitos, se elevaron en todos los territorios, en Salamanca (9.532,8 millones), un 5,4%; en Valladolid (15.408,1), un 4,2%; en Segovia (4.294), un 4%; en Burgos (11.178,9) y León (12.453,6), un 3,8% en los dos casos; en Soria (3.525,3), un 3,5%; en Palencia (4.859,9), un 3,4%; en Zamora (5.147,4), un 2,9%; y en Ávila (4.278,7), un 2,6%.