El informe de esta comisión ha sido elaborado en los últimos seis meses para analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre emisiones. El informe ha recibido 11 votos favorables y tres abstenciones de los expertos designados por el Gobierno, empresas y sindicatos.
Al hablar del cierre de las centrales térmicas u otras de generación el informe reconoce la pérdida de empleo y economía en las zonas afectadas, para lo que proponen planes "para abordar el impacto laboral y territorial para una Transición Justa" que "se deberían desarrollar partiendo en primer lugar del diagnóstico y la elaboración de planes estratégicos desde los diferentes ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas, para las instalaciones potencialmente afectadas y por zonas territoriales; y, en segundo lugar, dotando de recursos dichos planes a través de la elaboración de instrumentos de financiación".
Los escenarios analizan el futuro de la energía en base al precio de emisiones de tonelada de CO2 y por ello abogan por ampliar a 50 años la vida útil de las centrales nucleares, 10 años más de lo establecido hasta ahora, ya que su cierre incrementaría el precio de la electricidad en un 20 por ciento. Asimismo, piden una revisión del Plan General de Residuos Radioactivos.
Además, detecta deficiencias del modelo fiscal español y apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la UE en materia de cambio climático.
En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, por 'el que contamina paga'.
Con este escenario, las simulaciones realizadas por la comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7 por ciento para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo.
Encarecimiento de los carburantes
En concreto, en el caso del gasóleo subiría un 28,6 por ciento, mientras que la gasolina lo haría menos de un 2 por ciento. Estas modificaciones de precios -explica el informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.
En este capítulo fiscal, propone también 'sacar' de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo).
En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, dice la comisión, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia, "ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España", explica Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos.
Solo renovables en 2050
Los análisis realizados por el informe apuntan a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050, año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento.
Esta circunstancia -explica el estudio- exige reflexionar sobre las inversiones que sea necesario acometer en los próximos años y que pudieran no disponer de un plazo suficiente para su recuperación.
Por ello, el informe contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación "que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad".
"Mantener hibernadas estas centrales", explica el presidente de la comisión, "puede ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años".
Impuesto al sol
La Comisión de Expertos apunta también a una revisión de los peajes de acceso "para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes", detalla Sanz.
Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico. Ello se debe a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recuperan a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados.
La comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo, el conocido como 'impuesto al sol'.
Por último, en cuanto al Bono Social el informe recomienda considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los Presupuestos del Estado.
También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas, con la colaboración de todas las administraciones públicas competentes.
El informe de la Comisión de Expertos será presentado para una ponencia en el Congreso de los Diputados, así como al Grupo de Trabajo Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.