En ese sentido, el exalcalde se mostró “satisfecho y relativamente alegre” por una resolución judicial que llega más de cinco años después de que la asociación Cuentas Claras interpusiera su denuncia. “Se empieza a abrir la luz”, destacó Folgueral, que apeló a “la prudencia y el más absoluto respeto” ante una resolución judicial que aún no es firme.
Quien fuera su teniente de alcalde, Emilio Cubelos, destacó los “argumentos contundentes” incluidos en un auto que acredita que no hubo ni malversación ni desvío de fondos públicos, aunque lamentó que “el mal está hecho”. “Detrás de todos nosotros, hay familias que han sufrido mucho”, remarcó Cubelos, que acusó a la siguiente Corporación, encabezada por Gloria Fernández Merayo, de “sepultar el Mundial de forma sórdida”, con lo que se redujo la rentabilidad económica que podría haber aportado el evento a través de actos relacionados y ‘merchandising’.
En la misma línea, el exconcejal de Deportes de Ponferrada y anterior presidente de la Fundación de Deportes, entidad en la que recayó finalmente la gestión de la prueba, calificó de “lamentable” la actitud del equipo de Gobierno que les sucedió respecto a un evento deportivo que fue “lo más grande que ha habido en esta tierra”, destacó. Dolido por las sombras de corrupción que se han extendido sobre su figura, el atleta exigió una rectificación pública a su sucesor al frente de la Fundación de Deportes, el concejal del PP Roberto Mendo, al que acusó de “echar basura” encima de los organizadores.
Por su parte, el que fuera jefe de prensa del equipo de Gobierno comandado por Folgueral, Marcos Díez, mostró su preocupación por el apoyo del Ayuntamiento a la plataforma Cuentas Claras, una entidad que comparó con el sindicato de ultraderecha Manos Limpias. “Este populismo judicial nos ha traído hasta aquí y espero que sus dirigentes acaben de una manera parecida”, subrayó Díez, que lamentó que las instituciones se hayan puesto en este caso “al servicio de intereses espurios”.
Igualmente, reclamó a la plataforma que aclare su composición, su financiación o el episodio en que más de un centenar de personas retiraron su firma de la denuncia colectiva impulsada por la asociación. “Que expliquen sobre todo por qué han hecho esto a Ponferrada y quién les ha ayudado”, exigió Díez, que lamentó que los integrantes de este colectivo se hayan “empeñado en obstaculizar a la Justicia y buscar titulares para influir en las elecciones”.
Por último, el abogado Javier Álvarez consideró que la empresa encargada de reunir los patrocinios, Dentsu Aegis, es la “principal culpable” debido al “incumplimiento palmario del contrato” en el que preveía recuadar más de 10 millones de euros de fondos privados para financiar la organización de la prueba. Igualmente, Álvarez recalcó que, cuando el equipo de Gobierno de Samuel Folgueral llegó al Ayuntamiento, “no podía dar marcha atrás” a una prueba cuya organización ya había firmado el anterior equipo del PP, a riesgo de tener que enfrentarse a “indemnizaciones millonarias” que hubiesen supuesto “la ruina del Ayuntamiento”.
Álvarez adelantó que están "barajando actuaciones en respuesta", a la espera de que la decisión judicial se convierta en firme, para emprender acciones legales en defensa del honor de los acusados. Mientras, el letrado exigió una petición pública de disculpas a las personas que hayan “manchado su nombre”. Cabe recordar que el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada señala que “no concurren indicios de responsabilidad criminal de los investigados en la comisión de infracción criminal, ya que no se ha demostrado un efectivo desvío o aprovechamiento irregular de fondos públicos, bien por la Fundación o por sus responsables”.
Por su parte, el actual alcalde de la ciudad, el socialista Olegario Ramón, anunció el pasado lunes durante su entrevista en la emisora Onda Bierzo, que los servicios jurídicos municipales se reunirán para decidir si el Ayuntamiento recurre el archivo provisional de la causa. Tras mostrar respeto por la decisión judicial, el regidor se confesó “casi decepcionado” por un auto que no menciona las conclusiones de la Comisión de Investigación desarrollada en el Ayuntamiento para aclarar las circunstancias en las que se organizó la prueba.