Los profesores de Castilla y León notificaron 281 sospechas de maltrato infantil en los últimos cinco años, de los que 115 acabaron en expedientes de protección

La Junta busca detectar todos los casos de posibles negligencias de los padres con un protocolo de actuación entre Familia y Educación

  Lunes, 4 de diciembre de 2017

  ICAL

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Los profesores de la Comunidad notificaron a los Servicios Sociales de la Junta 281 sospechas de maltrato infantil en los últimos cinco años, de los que 115 casos acabaron en expedientes de protección tras las correspondientes investigaciones y evaluaciones. Con el ánimo de que los docentes puedan detectar todos los casos de posibles negligencias y maltratos en el ámbito familiar así como contar con la formación y las herramientas adecuadas para abordarlos “correctamente”, las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades presentaron hoy un protocolo de actuación para reforzar la coordinación y la comunicación entre los profesionales de ambas áreas.

El protocolo incluye mejorar la concienciación y la formación del profesorado de los centros educativos de Castilla y León para la detección precoz de estas situaciones pero también busca “clarificar” el proceso de intervención a seguir desde la sospecha del maltrato hasta su notificación. En los casos de sospecha de maltrato leve o moderado por parte de un docente, los equipos directivos y psicopedagogos del centro deberán comunicarlo a los Centros de Acción Social (Ceas) mientras que en ejemplos más graves se irá directamente a las secciones de Protección a la Infancia de la Junta.

La consejera de Familia, Alicia García, aseguró que la protección de la infancia es una “prioridad” para la Junta, por lo que es “fundamental” actuar en la prevención, detección precoz y la intervención ante posible casos de maltrato. De ahí la necesidad de revisar y mejorar los programas. No en vano, los centros ya trabajaban en la detección de los casos de maltrato pero ahora se ponen sobre el papel los pasos a dar por los colegios e institutos.

Su homólogo en Educación, Fernando Rey, subrayó que este tema se marca como un “deber” del profesorado. “El protocolo deja claro que los niños o adolescentes no pueden sufrir ningún maltrato, incluido el familiar y debe existir tolerancia cero, por lo que ante la mínima sospecha hay que comunicarlo al sistema”, precisó. De esta manera, se destierra la idea que podían tener algunos profesores de que algunos casos leves debían quedar en la “penumbra” de la familia y solo se denunciaría si “no había más remedio o el hecho fuera a más”, añadió el consejero. Y es que, aseveró, que “no puede haber dudas cuando hablamos de proteger al menor”, por lo que un profesor que haga dejación de funciones en este tema cometerá una “negligencia”.

Fernando Rey reconoció, según declaraciones recogidas por la agencia Ical, que el protocolo de actuación evita “minimizar” los casos y se “homogeneiza” el abordaje del problema de manera “intensa”. La Junta prestará formación a todos los directores, servicio de orientación psicológica, inspectores de Educación y profesores, que se completará en dos cursos escolares. “Hay que convertir a los profesores en vigilantes explícitos para lo que se les entrenará aún más”, afirmó.

Además, la directora general de Innovación y Equidad Educativa, María del Pilar González, explicó que se fomentará el buen trato en las aulas y se reforzarán las materias para que los alumnos sepan “discriminar” entre el buen trato y el mal trato. No en vano, el consejero de Educación precisó que hay muchos adolescentes que desconocen que lo que sufren en casa sea una situación de maltrato porque es algo que han vivido siempre.

La consejera de Familia destacó que el nuevo documento facilitará la toma de decisiones para que ante una sospecha se ponga en conocimiento de los Servicios Sociales de “manera sistematizada”. No en vano, recordó que “lo importante es que los profesores sepan a quién se notifica esa incidencia y cómo”. Luego, corresponderá a los técnicos de Servicios Sociales recabar datos, investigar y decidir si hay aprobar expedientes de protección. De los 115 dictados, 55 casos correspondieron a negligencias físicas (condiciones de higiene y vestimenta o falta de atención como ir sin desayunar al colegio o ausencias continuadas) y 41 a negligencias psíquicas (soledad, falta de afectividad y rechazo al contacto físico). También hubo 33 casos de maltrato físico.

Alicia García apuntó que este protocolo cierra el círculo respecto a los mecanismos de detección y coordinación dirigidos a los principales profesionales que puedan detectar casos de maltrato infantil. No en vano, ya existen protocolos de actuación en el ámbito sanitario (Atención Primaria y Especializada) para facilitar y agilizar la detección y, en su caso, derivar los casos a los Servicios Sociales. Lo mismo ocurre con las entidades locales, con un nuevo procedimiento cuando exista un riesgo grave sin colaboración de la familia. Por último, recordó que cualquier persona que tenga conocimiento de un posible maltrato infantil debe ponerlo en conocimiento de las autoridades.


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