La plantilla está en pleno proceso de comprobación de que el aumento salarial tiene que ver con esa "recuperación de derechos" que en su día frenó la huelga en el servicio de limpieza y recogida de residuos emprendida a finales del pasado mes de agosto. "Parece ser que sí", dice el presidente del Comité de Empresa, Marco Antonio Varela, sin obviar que esta medida fue pactada con una empresa como FCC sobre la que pende la amenaza de la retirada de la concesión en virtud de la aplicación de la sentencia del TSJ, por lo que se puede decir que está prestando el servicio en funciones.
Precisamente la falta de claridad sobre la hoja de ruta judicial mantiene paralizada la negociación del convenio colectivo (que expira a 31 de diciembre) a falta de un interlocutor empresarial dada la situación teóricamente provisional en la que FCC está prestando el servicio. "Estamos esperando a ver qué hace el Ayuntamiento", dice Varela.
El Consistorio, que ha garantizado a los trabajadores que a día 1 de enero de 2018 no pasarán al convenio provincial (menos ventajoso en términos laborales), había dado de plazo hasta el 30 de septiembre a FCC para cumplir las condiciones pactadas para frenar la huelga so pena de municipalizar el servicio de limpieza y recogida de residuos. Con ese frente parece que despejado, el último paso dado por el Ayuntamiento en el ámbito judicial fue el recurso presentado este verano contra el auto del TSJ que le obligaba a cumplir la sentencia que anulaba la adjudicación a FCC.