La plataforma que agrupa a los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Compostilla pidió este lunes “tiempo” y un plan social para más de la mitad de las plantillas de estas firmas, ya que superan los 55 años. “Necesitamos alguna forma de paliar esta situación que sea menos traumática”, comentó el portavoz de esta organización, Alonso Roa, quien reclamó reubicaciones para el resto en la zona, es decir, para los más jóvenes.
Tras mantener una reunión con el alcalde de Igüeña y presidente de la asociación española de comarcas mineras (Acom), Alider Presa, el portavoz de esta plataforma demandó también “implicación” de todas las administraciones, locales, regionales y nacionales, así como a Endesa. En todo caso, aseguró que los trabajadores no ven la “transición justa a la que se refieren por ningún lado”.
De ahí que el encuentro con Acom se haya celebrado en un clima de entendimiento y de numerosos puntos en común, pues Roa entiende que, hasta el momento, los ayuntamientos de Ponferrada, Cubillos del Sil o Igüeña sí han anunciado su respaldo, al igual que Subdelegación del Gobierno y Junta. “Parece que se interesan en nosotros. Pero claro, nos come el tiempo”, alertó. Por ello, pidieron a Presa que traslade estas inquietudes a Endesa, porque el fin de actividad es inminente, pero el cierre está previsto para 2020 “y se puede trabajar aún”.
A partir del 1 de enero, 70 de los 80 trabajadores de Maesa, la compañía mayoritaria entre las auxiliares, tendrán que elegir entre traslados a Ibiza o indemnizaciones de 20 días por año trabajado, “que es lo que buscan”, lamentó Roa. En total, las ocho compañías auxiliares que prestan servicios como limpieza, mantenimiento o transporte en la térmica dan trabajo a 180 empleados afectados.
Hasta ahora la plataforma se ha reunido con los consistorios de Cubillos y Ponferrada, además de hoy con el de Igüeña, que también es el presidente de ACOM. En los últimos días también trasladaron sus demandas a la Junta y al Gobierno, en sendas reuniones con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y con el subdelegado en León, Faustino Sánchez.
Roa insistió en que la apuesta de la plataforma pasa por buscar soluciones en el ámbito político, si bien no descartó “acabar en los juzgados” si las empresas llevan adelante el “ERE encubierto” con el que pretenden “aprovechar la situación para reducir personal”.