Los dos fueron reelegidos como alcaldes en sus respectivos municipios el pasado domingo y lograron la mayoría absoluta. En el caso de Cuadros, Marcos Martínez consiguió, bajo las siglas de Agrupación de Electores Independientes de Cuadros, AIC, siete de los once concejales que integran la corporación.
Por su parte, Pedro Vicente Sánchez lideró la candidatura de la Agrupación Independiente de Puebla de Lillo (AIPL) y consiguió el respaldo de casi la mitad de los votos, lo que conlleva cuatro de los siete concejales que se eligen en ese municipio.
De esta forma, se abriría la posibilidad de que la inhabilitación impuesta pudiera no tener efecto hasta que se resolviesen los recursos presentados a la misa o hubiese una sentencia firme que ratificase la condena.
Recordemos que la Audiencia Nacional condenó, por un delito continuado de prevaricación, a la pena de ocho años y seis meses inhabilitación especial para empleo o cargo público al expresidente del PP de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, por su implicación en la Operación Púnica.
En este procedimiento, según informó la Audiencia Nacional a Ical, se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del consultor Alejandro De Pedro.
En la sentencia, los magistrados de la Sección Primera imponen una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial con la atenuante simple de dilaciones indebidas a Martínez Barazón, así como a quienes fueran coordinador general e interventor de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López Sánchez, respectivamente.
Al informático y consultor Alejandro de Pedro, la Sala le condena a la pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación, mientras que absuelve a José Antonio Alonso Conesa, socio del anterior en las empresas MADIVA y EICO, así como a la trabajadora de estas compañías Guadalupe Caballero. También resultan absueltas ambas mercantiles.
La sentencia absuelve a los acusados de los delitos continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación de caudales públicos y cohecho de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por ADADE.
