Esta propuesta busca dar rango de ley a la norma, tal y como planteó la CNMC. De esta forma, según el ministro, los grupos parlamentarios tendrán que decidir si quieren que el cierre de cualquier tipo de central eléctrica (térmica, nuclear, ciclos combinados, etc.) sea una mera decisión empresarial o que esta sea compatible con los objetivos de la política energética que se consensuen.
Nadal ha incidido en que el cierre de las centrales tiene que ser ordenado y debe garantizar la competencia. Para ello, la propuesta planteará el aumento de los supuestos por los cuales una petición de cierre puede ser denegada. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico solo contempla la seguridad de suministro, y ahora se propondrán dos supuestos adicionales a esa norma: el impacto en precios o competencia del mercado y el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
El ministro ya había expresado en ocasiones anteriores que el Gobierno quería evitar la “tentación” de que algunas empresas piensen en “cerrar una central que aunque es rentable hace más rentables las otras que tienen". En la misma línea había explicado que existen intereses empresariales para sustituir el carbón por el gas dentro del mix energético español lo que, advirtió, conllevaría un precio de la energía más caro para el consumidor. Además reconoció que si ya hay “muy poquitas” minas de carbón y mineros en España “no sabe cuántos van a quedar el año que viene”, aunque las que sobrevivan serán “competitivas”.