Y es que la intención de la corporación municipal es "aprovechar" este contrato puente para adaptarse de cara al modelo de gestión directa del servicio, algo que los técnicos municipales avalaron en su momento constatando que dicha modalidad sería mucho menos costosa que la gestión contractual. En concreto, la explotación en gestión directa tendrá un coste de 2,54 millones al año, frente a los más de tres millones de una gestión contractual.
La licitación del TUP ha salido adelante en el pleno municipal de este viernes gracias a los 13 votos a favor de los miembros de la corporación municipal. Los grupos de la oposición sumaron 12 abstenciones y ningún voto en contra.
En lo que a alegaciones se refiere, comenzó con el turno de palabra el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, quien aseveró que "este servicio lleva muchos años sin solucionar y me da la impresión de que va a seguir así mucho más tiempo". Y es que para Carballo la solución propuesta es "ilógica", por lo que defendió la opción de asumir el servicio directamente "para estudiar todos los pros y contras y, una vez con los números sobre la mesa, es cuando se debe tomar la decisión de municipalizar o sacarlo a concurso público", concluyó.
Por su parte, el portavoz de USE Bierzo Samuel Folgueral se mostró contundente al afirmar que "en este mandato no se va a proceder a la gestión directa del TUP, llegarán las próximas elecciones en mayo de 2023 y seguirá prestándose por terceros". En la misma línea se pronunció Ruth Morales (Ciudadanos), quien criticó que "no se va a transformar en gestión directa, se vuelve a posponer la solución definitiva y le va a salir mucho más caro a los ciudadanos". El portavoz del Partido Popular, Marco Morala, coincidió en que no ve "en el horizonte la gestión municipal".
Salieron al paso de las criticas los miembros de la corporación municipal. En primer lugar, Iván Alonso (Coalición por El Bierzo), puso de relieve que "desde 2012 estamos con un contrato alegal y es algo que hay que solucionar, son dos años para dar tiempo a ver cómo funciona el servicio y tomar las decisiones", insistiendo en que se trata de una "solución puente", si bien apostilló que "han pasado multitud de equipos de Gobierno desde 2012 sin encontrar una solución y esta es la primera vez que se pone una solución sobre la mesa". Lorena González (Podemos) insistió en que la apuesta es llegar a la municipalización, por lo que defendió dar "un voto de confianza a este contrato puente, porque lo prioritario es resolver este problema con todas las garantías".
El concejal socialista de Personal, Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Antonio Cartón, señaló que "una vez más, este equipo de Gobierno viene a solucionar otro enredo endémico de este Ayuntamiento y damos un paso más para llegar a lo público, que es lo que queremos". "Vamos a paliar la solución de alegalidad que nadie ha solucionado hasta ahora, renovaremos la flota, adecuaremos el Ayuntamiento para pasar a la gestión directa... todo ello redundara en un mejor servicio para los ciudadanos", aseguró. De acuerdo con Cartón se posicionó el alcalde, Olegario Ramón, quien remarcó que, "aunque no sea para una gestión directa, se ponen las bases de dar fin a la situación alegal que se da desde marzo de 2012".
Situación de alegalidad
El estado de los autobuses urbanos de Ponferrada marcó significativamente los mandatos de Carlos López Riesco, Samuel Folgueral y Gloria Fernández Merayo -por su inacción y el pago de la cuenta sin hacer ni mutis-. La gestión del TUP estaba externalizada en la UTE Begar-Aupsa con prórroga desde que el contrato expirase en 2012, sin que hasta ahora ningún equipo de Gobierno diera pasos definitivos en relicitar el servicio, que cuesta cada año a los contribuyentes más de 1 millón de euros anuales en déficit.
De cara al nuevo contrato de prestación del servicio, es conditio sine qua non mantener los 30 puestos de trabajo actuales que suma la plantilla del transporte urbano de la ciudad.
La propuesta de licitación del contrato de prestación del servicio de Transporte Urbano de Ponferrada a una empresa externa fue aprobada en el pleno municipal ordinario del viernes 29 de noviembre de 2019 y ya en el pleno del pasado mes de junio de 2020 se desestimaron las alegaciones presentadas contra el contrato puente, dándose hoy por aprobada definitivamente dicha licitación que es uno de los grandes retos a los que se enfrentaba Olegario Ramón al frente del Ayuntamiento de la capital berciana.
Otras cuestiones
En el pleno municipal de este viernes también se ha aprobado el nuevo precio de las escuelas infantiles municipales, que incluye la gratuidad para aquellas familias que cobren el salario mínimo interprofesional y que disponga de únicamente 300 euros para sus gastos eliminando los de la vivienda.
Asimismo, se ha dado luz verde a un bono social de 60.000 euros para subvencionar las compras realizadas en comercios de proximidad y locales de hostelería de la capital berciana.
Por otra parte, se ha rechazado la última alegación presentada contra la subida del recibo del agua (un 9% más que se aplicará a partir del último trimestre del presente año). A este respecto, la portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Doel, defendió que se trata de una actualización del importe derivada de incumplimientos heredados de las anteriores corporaciones.