Una de las líneas 'fuertes' del programa político del alcalde, Olegario Ramón (PSOE) y que ha refrendado en el año que ahora cumple en la alcaldía de Ponferrada.
En esta línea no se doblega el regidor de la capital berciana respecto a los objetivos incipientes del mandato. Los servicios públicos que los técnicos han avalado en sus informes como susceptibles (y optimizados) de remunicipalizar, volverán a quedar tutelados por la institución pública.
Y Olegario Ramón pone fecha, en su reciente valoración del curso político (su primer curso político), a pesar de afrontar la crisis sanitaria COVID-19 que ya va a "marcar todo el mandato" no elude su afán en rescatar servicios privatizados que no han salido muy 'a cuenta' al erario municipal.
El regidor confió en que los procesos de municipalización de los servicios de autobuses urbanos, limpieza viaria, recogida de basura y parques y jardines pueda llevarse a pleno durante el mes de julio. En ese sentido, recordó que el Ayuntamiento ya ha aprobado la compra de tres vehículos para la recogida de basura y de cuatro autobuses nuevos.
En ese sentido, el alcalde consideró que “un año es muy poco tiempo para superar cinco lustros” marcados por la existencia de “redes clientelares” y por la “creación de organismos e instituciones para huir del derecho administrativo”. Finiquitar Pongesur, la sociedad pública de suelo que abanderó el desarrollo de hitos urbanísticos como La Rosaleda (y acumuló varias sentencias sobre la gestión de dichos procesos), fue el paso más destacado. Le antecedió el 'rescate' del servicio de recaudación que durante más de dos décadas gestionó la empresa privada Recaudalia que ya hace varios meses vuelve a depender del Ayuntamiento; pero el alcalde está decidido a dar más pasos a este respecto en este primer curso político que habitualmente se cierra en julio.
Uno de los frentes de 'rescate' son los TUP. “A lo largo de 2020, con toda seguridad, estará legalizada la situación del TUP. Han tenido que pasar cuatro equipos de Gobierno para buscar una solución real cuyo objetivo final es municipalizarlo”, señalaba el alcalde en una entrevista concedida a InfoBierzo en enero de este mismo año.
El servicio de autobuses urbanos se encuentra en una situación 'alegal' desde el 15 de marzo de 2012 , cuando expiró el contrato a la UTE BEGAR-Aupsa. Desde entonces la empresa privada pasa una cuenta de déficit anual a los contribuyentes ponferradinos que supera ampliamente los 1,2 millones de euros y que por el actual contrato el consistorio debe cubrir a la concesionaria.
El contrato 'puente' hasta recuperar la gestión por el Ayuntamiento es el objetivo, al igual que ocurre con los servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y cuidado de zonas verdes y jardines; en conocido como 'macrocontrato' que ha sido objeto de cruces judiciales entre la concesionaria por 20 años otorgada en 2013 (FCC) y Urbaser, que prestaba el servicio de zonas verdes hasta la unificación de ambos servicios. La intención del equipo de Gobierno actual es volver a diferenciar ambas actividades y municipalizar dichos servicios.
Abordar la resolución de estas privatizaciones es objetivo de programa y también de optimización de recursos económicos del Ayuntamiento. Para el equipo de Gobierno actual la fórmula de la privatización no ha sido rentable, ni en cifras ni en la modernización de flotas -de hecho el consistorio ha tenido que adquirir ya autobuses nuevos para afrontar la municipalización del servicio, al igual que ocurre con vehículos de recogida de basura- y por otro lado dejan claro que ha tenido un precio político que ha supuesto tejer redes 'clientelares' que han tenido sus ramificaciones hasta en medios de comunicación que al igual que ese 'negocio', ya han vivido tiempos mejores.