La adjudicación a AUPSA salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno -el 'tripartito' integrado por PSOE, Podemos y Coalición por El Bierzo-, mientras que el PP, el PRB y Ciudadanos se abstuvieron y USE Bierzo votó en contra.
El consistorio encabezado por el alcalde Olegario Ramón pone punto final a la situación de alegalidad del TUP con la intención de municipalizar el servicio una vez concluyan los tres años de licitación a una empresa externa. El valor estimado del contrato de licitación asciende a 9.339.699,29 euros para los tres años en cuestión.
El pasado 3 de noviembre, la mesa de contratación para la adjudicación del contrato ‘Servicio Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Municipio de Ponferrada’ se reunió para valorar las ofertas presentadas a la licitación convocada al efecto y a la que han concurrido dos empresas: Autobuses Urbanos de Ponferrada SA y Empresa De Blas y Cía, SA. A la luz de la valoración de dichos criterios (subjetivos, oferta económica e ingresos por publicidad) Autobuses Urbanos de Ponferrada SA obtuvo una puntuación de 100 puntos y Empresa De Blas y Cía SA obtuvo una puntuación de 71,75 puntos.
Cabe recordar que la compañía ponferradina AUPSA fue la histórica concesionaria del servicio hasta el año 2007, cuando la remodelación de los autobuses bajo la marca TUP hizo recaer el contrato en una UTE compuesta por la propia Aupsa y Begar. Esta UTE generaba un déficit anual superior al millón de euros, que por contrato el consistorio debía reembolsar a la UTE. El contrató expiró en 2012 sin que hasta el momento ningún equipo de Gobierno encauzase una solución.
En cualquier caso, la intención de la corporación municipal es “aprovechar” este contrato puente para adaptarse de cara al modelo de gestión directa del servicio, algo que los técnicos municipales avalaron en su momento constatando que dicha modalidad sería mucho menos costosa que la gestión contractual. En concreto, la explotación en gestión directa tendrá un coste de 2,54 millones al año, frente a los más de tres millones de una gestión contractual.
Así las cosas, el pleno municipal de este viernes aprobó la adjudicación del contrato del TUP a la entidad AUPSA, cuyo precio de la oferta asciende a 4.998.319,8 euros para las dos anualidades. Asimismo, se ha nombrado como responsable del contrato al técnico de medioambiente Francisco Jordán Benavente.
En el turno de intervenciones durante la sesión plenaria, la concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad, Lorena González, remarcó que "no estamos dando el paso definitivo que nos gustaría dar, que es la municipalización, y ese es el compromiso de este equipo de Gobierno y fue uno de los puntos clave del acuerdo de gobierno". Asimismo, reiteró que este es un "contrato puente intermedio entre la alegalidad en la que estaba el servicio y la municipalización, con la garantía de que la plantilla de trabajadores se mantendrá". Expuso que el periodo del contrato puente servirá "para tener tiempo suficiente para realizar todos los procedimientos antes de municipalizar el servicio, como tener naves donde guardar los autobuses, tener autobuses propios y lo más importante es dar el paso para que los trabajadores pasen de ser empleados de una empresa privada a ser empleados directos del Ayuntamiento de Ponferrada, un trámite que hay que hacer con todo el rigor y todas las garantías", concluyó.
En contraposición, el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, aunque se abstuvo en su votación manifestó su disconformidad con la medida. "Nuestra propuesta era que el Ayuntamiento asumiese la gestión momentáneamente para darle otro dinamismo al servicio, para que no haya tantas perdidas. Es verdad que parece que va a salir más barato, pero no se sabe, no estamos seguros". Más crítico si cabe se mostró Samuel Folgueral (USE Bierzo), quien apeló a sus esfuerzos cuando ejercía de alcalde de Ponferrada para dar salida a la problemática y afirmó que "un contrato de servicio como el de ahora, con un estudio económico para la licitación y una partida de 3,2 millones con costes de personal, es una cantidad superior a la que costaría el servicio, en términos coloquiales está inflado, para hacerlo atractivo porque si no quedaría desierta la licitación".
También escéptica se mostró Ruth Morales (Ciudadanos) que criticó que "el contrato es una huida hacia adelante y no aporta la solución necesaria, es un contrato que encarece la prestación del servicio para el Ayuntamiento y la compra de buses añade un sobrecoste encubierto, autobuses que son de cuestionada calidad y obsoletos por el consumo de combustible fósil. Es una venta de humo y pasamos el problema al próximo equipo de Gobierno de dentro de 3 años".
Desde la bancada del equipo de Gobierno, Iván Alonso (CB) recordó que desde 2012 el contrato se encontraba en una situación de alegalidad y la solución actual es "perfectamente asumible", un contrato de dos años más uno, que "da el tiempo suficiente para analizar desde la casa la situación que se va a ir dando en la gestión". En cualquier caso, mencionó los "retos de futuro" que tendrán que poner más adelante encima de la mesa, como la necesidad de recuperar líneas para Los Barrios de Salas y San Cristóbal de Valdueza. "Se pueden ir dando los pasos para estudiar estas cuestiones que serán muy importantes de cara al futuro, pero ya con una situación legal, respiramos un poco más tranquilos después de 8 años con una situación que no se podía prolongar más en el tiempo", zanjó.
En su turno, el portavoz del PP Marco Morala, quiso poner en valor "el intenso trabajo desarrollado por la anterior corporación municipal a pesar de que ciertas incidencias no permitieron avanzar para poner solución a una situación por nadie deseada". Y finalizó deseando "lo mejor a AUPSA durante la prestación del servicio, pero nuestro voto será la abstención".
Por su parte, el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Antonio Cartón, quiso agradecer "el arduo y duro trabajo de los técnicos municipales por haber llegado hasta aquí". "Después de 8 años 8 meses y 12 días, este es un paso muy importante hacia la gestión directa, ponemos fin a una situación de ilegalidad con un contrato que implica nuevas prestaciones, tanto económicas como materiales, como de servicios". En este sentido, adelantó que el nuevo servicio habilitará paradas fuera del espacio ya estipulado en horario nocturno por razones de seguridad para mujeres y niños, se instalarán nuevas marquesinas y pantallas, habrá tres oficinas de atención al usuario (una de ellas con un punto cardio protegido), servicio de Google Transit para información de las rutas en tiempo real, WiFi en toda la flota y mamparas anti-COVID.
Además, habrá nueve puntos de venta de tarjetas, estudiarán una reestructuración de las líneas, incorporarán pulseras como nuevo pago de acceso a los autobuses "unos autobuses para una ciudad moderna". La empresa pone a disposición del servicio cuatro buses nuevos y cuatro más que ha comprado el Ayuntamiento, con lo que son ocho nuevos vehículos a disposición del ciudadano.
Antes de dar paso a las votaciones, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, puso de relieve que "es un día importante para la ciudadanía, ya no vamos a navegar por las tinieblas, se pone fin a la alegalidad". Matizó que "no vamos a la gestión directa porque hay informes técnicos que dicen que esta administración no está preparada, por más que sea nuestra intención política, pero es una solución que da cobertura legal a la situación, no pedimos que se nos dé las gracias porque es nuestra obligación, pero no se nos tiren al cuello, da la sensación de que les moleste que hayamos solucionado un problema tan grave para la ciudad", apostilló.
Otras cuestiones
Antes del comienzo de la sesión plenaria, Neftalí Fernández Barba juró su cargo de concejal del Ayuntamiento de Ponferrada por el Partido Popular tras la renuncia de Roberto Mendo. El alcalde le dio la enhorabuena y la bienvenida.
El regidor de la capital berciana también dio lectura a una declaración institucional sobre las "numerosas carencias" del Área Sanitaria del Bierzo, para lo que el Ayuntamiento ha acordado solicitar a la Junta de Castilla y León que incremente los recursos humanos, materiales y económicos del Hospital, atendiendo a las peticiones de la junta de personal, con mención especial a las áreas de oncología, rehabilitación, cardiología, ORL, urología, pediatría y ginecología, y el compromiso de sumar cirugía maxilofacial, angiología y cirugía vascular; así como abrir proceso de contratación atractivo, declarando la zona del Bierzo como área de difícil cobertura; dotar al Hospital del servicio de radiología; y abrir proceso de negociación con las centrales sindicales sobre las medidas del 'decretazo' para que "no suponga una pérdida de derechos laborales".
