Un error de forma, en el tamaño de letra, deja sin aspirantes la licitación del contrato de basuras, que enfrentaba a dos grandes compañías, FCC y Urbaser. Sin embargo, en el caso del contrato de limpieza FCC es la única empresa aspirante, según ha informado Radio Bierzo.
Así, según ha explicado la presidenta de la mesa de contratación, Carmen Doel, este incumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones "paraliza de momento el proceso de licitación dado que desconocemos si las empresas van a recurrir o no, lo que deja la adjudicación en manos de organismos superiores". De este modo, ambas empresas aspirantes pueden recurrir la decisión municipal al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl).
Recordemos que la duración de los contratos será de tres años, con posibilidad de prórroga por uno más. El coste del lote de recogida de residuos se fija para tres años en 7.323.158,82 euros (más el 10% de IVA) y el de limpieza viaria (también sin IVA) en 9.698.015,94 euros. Con la prórroga por una cuarta anualidad y las modificaciones de los contratos previstas, el valor estimado total ascendería a 27.233.879,60 euros, más el 10% de IVA.
Los criterios de adjudicación establecidos para ambos lotes fijan una puntuación máxima total de 100 puntos, de los que 51 corresponden a los criterios evaluables mediante fórmulas (hasta 45 por la oferta económica y 6 por el tiempo de respuesta de incidencias) y 49 a los criterios subjetivos, en concreto el plan de organización del servicio, que la memoria técnica considera el aspecto más importante, al incluir todas las condiciones para la prestación del servicio.
FCC y Urbaser volvían a verse las caras tras el polémico ‘macrocontrato’ que se remonta a la legislatura de Samuel Folgueral. Durante el mandato de Samuel Folgueral nació el conocido como ‘macrocontrato’, en alusión a una licitación que unificaba el contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de basura y mantenimiento de parques y jardines. Dicha licitación se concedió a FCC, por un plazo de 17 años más 3 prorrogables, a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos. Entonces Urbaser, la otra empresa que aspiró al servicio, presentó alegaciones al considerar que su oferta era más ventajosa desde el punto de vista económico. El TSJ anuló finalmente el ‘macrocontrato’, instando al Ayuntamiento a solucionar el problema de este servicio, que se ha alargado durante más de tres años.