Se trata, aseguró Ramón, de “una planificación que se debería haber hecho antes” y que evitará en el futuro problemas como los planteados por la central de calor construida durante el anterior mandato en el entorno del barrio de Compostilla. A la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la suspensión cautelar de los expedientes de inicio de actividad, Ramón reconoció que “una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en esa zona” es un requisito imprescindible para su “adecuación plena a la planificación”.
En ese sentido, el regidor recordó que la inversión para la construcción de este equipamiento ascendió a 4,5 millones de euros, cantidad que la empresa promotora “intentará repercutir sobre el Ayuntamiento” si al final la instalación no puede ponerse en funcionamiento. Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos del barrio, Pilar Martín Coruña, confió en que la resolución del TSJ sea favorable a los intereses del colectivo vecinal, que desde el primer momento se opuso a la instalación de la central de calor en su actual ubicación. “Esperamos haber conseguido que nunca más se pueda abrir”, señaló.