La PNL presentada por el Grupo Socialista, defendida por Yolanda Sacristán y con presencia de trabajadores en la tribuna de invitados de las Cortes, fue así desestimada por los socios de PP y Vox, que defendieron las mejoras del nuevo contrato sobre el actual, mientras toda la oposición criticó que “se haga negocio con la salud”.
La socialista Yolanda Sacristán relató como hay los vehículos superan el kilometraje de 400.000 kilómetros establecido en el pliego de condiciones, denunció que las ambulancias están en un estado lamentable, sin aire acondicionado, sin calefacción y con averías constantes y se refirió a pacientes que esperan hasta ocho horas un vehículo.
Tampoco, Ambuibérica tiene el personal suficiente para la prestación del servicio, siguió la procuradora, que señaló que no se cubren las bajas y los trabajadores son obligados a hacer horas extraordinarias.
Además, criticó que, de los 809 millones anunciados para el nuevo contrato de gestión del transporte sanitario, ahora se han reducido a 737 millones (72 menos), y de 186 nuevas ambulancias, a 59 vehículos menos.
Entre julio de 2014, y 2016, la Junta de Castilla y León, adjudica al Grupo Ambuibérica, y sus empresas filiales la concesión del transporte sanitario terrestre en la Comunidad de Castilla y León, a excepción de la provincia de Soria. Posteriormente, la Consejería de Sanidad prorroga este servicio al mismo grupo empresarial, hasta 2022.
El ‘popular’ José María Sánchez consideró que la iniciativa socialista “demoniza” la gestión privada, defendió que un buen servicio de trasporte sanitario es vital para la calidad del servicio e insistió en que la sanidad es una prioridad para el Gobierno de Castilla y León.
Además, subrayó que en las comunidades con gobierno socialista este servicio también se presta por empresas públicas, en algunos casos adjudicado “a dedo” como indicó que ha ocurrido en Extremadura. “Este servicio se paga con dinero público, hay unos mecanismos de control”, añadió, para defender los nuevos recursos que se incorporan en el nuevo contrato.
Ana Rosa Hernando (Vox) defendió, conforme recoge la ley, que la iniciativa privada complete a la pública, afirmó que la preocupación tiene que estar en ofrecer la mayor calidad posible y recordó que el consejero se comprometió a tener el mejor servicio posible, lo que consideró que se hace con el nuevo contrato.
De esa manera, apuntó que existe una inspección de servicios para que esté se preste de manera correcta y subrayó que en el nuevo contrato hay una comisión de seguimiento. “Supondrá una importante mejora sobre el anterior contrato”, sostuvo, donde se detuvo en los 2.400 técnicos, las 53 telefonistas o las 700 ambulancias.
Francisco Igea (Cs) manifestó que el contrato de 808 millones se ha rebajado en 70 millones, se han recortado ambulancias de soporte vital básico. “Por qué ha tomado el consejero está decisión, no lo sabemos, si sabemos que se reunió con el responsable de Ambuibérica”, indicó.
“Es una vergüenza lo que ocurre con el transporte sanitario, tenía que ser público, pero se ha privatizado y es una tropelía lo que ocurre con vehículos tartana y algunos sin pasar la ITV”, argumentó Pablo Fernández, que apoyó la PNL y acusó a PP y Vox de anteponer “el lucro a sus amiguetes” del interés público.
También, Juan Antonio Palomar (UPL-Soria Ya) defendió el cambio del modelo del transporte sanitario, criticó sin nombrarla los incumplimientos de la empresa y expresó el apoyo al texto socialista. En la misma línea, se manifestó el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, médico del servicio de transporte de urgencias.
Por último, Yolanda Sacristán, al cerrar el debate, antepuso el “Gobierno de la gente” de su partido a “los recortes” del PP, criticó que tampoco escuchan a nadie, “solo a sus amigos”, la situación del transporte sanitario es “insostenible”. “Condenan a Castilla y León a la precarización del transporte sanitario”, zanjó.