Según explicó la compañía a través de un comunicado, la “única y verdadera” causa por la que Uminsa tuvo que acudir en los últimos años a la venta de gran parte de los activos fue la “paulatina reducción de sus ingresos”, en primer lugar por el recorte del 63 por ciento en las ayudas pactadas y luego tras la caída de las ventas que sufrieron todas las empresas del sector. De hecho, la compañía informó que mientras su plan de viabilidad preveía la venta de 1,37 millones de toneladas al año, la realidad es que se vendieron 0,758 millones en 2014, 0,464 millones en 2015 y 0,356 millons en 2016. “Fue precisamente la venta de activos la que le permitió mantenerse al día en todas sus obligaciones, precisamente hasta que Hunosa embargó sus ingresos”, explicaron.
A juicio de la compañía, “lo único que buscaba Hunosa con sus actuaciones no es el cobro de su deuda, sino la desaparición definitiva de las explotaciones mineras que pertenecieron a Uminsa y el cierre definitivo de la minería” porque si Hunosa y el Gobierno tuvieran la intención de integrar las minas que pertenecían a Uminsa y CMC en la empresa pública “bien fácil lo tuvieron en diciembre de 2014 acudiendo a la subasta por la unidad industrial de Cerredo, que se adjudicó sin desembolsar ni un euro”, añadieron.
“Estos mismos cantos de sirena sobre la nacionalización y la integración de Hunosa ya sonaron en 2014 cuando se liquidó CMC y ya entonces se pudo constatar la inconsistencia de tales planteamientos” que se lanzan “siempre a través de terceros y nunca por representantes de la SEPI”, lamentaron. Y todo ello “para engañar a unos trabajadores y comarcas mineras que se van a quedar definitivamente cerradas y sin solución” en el caso de que no se pongan en marcha las minas de las que Prosimet es actualmente arrendatario y explotador.