Los representantes del sector minero de CCOO y UGT y los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica alcanzaron a última hora de este martes un preacuerdo para lograr una transición ‘justa’ de la minería del carbón para el periodo 2019-2027. El documento, que lleva la firma del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, incluye un plan de restauración de explotaciones cerradas para los próximos seis años y contempla la existencia de medidas excepcionales para las empresas que continúen activas hasta 2025.
En ese sentido, el texto apuesta por el “uso de carbón autóctono competitivo” aunque reconoce la necesidad de impulsar un programa de reactivación de las comarcas mineras para los próximos ocho años. Al respecto, los sindicatos arrancaron un compromiso para poner en marcha un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética hasta 2023, así como el apoyo del Ejecutivo a las nuevas tecnologías a través de diversas iniciativas en el seno de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) de Ponferrada.
Igualmente, el acuerdo establece la creación de ayudas medioambientales para la clausura de explotaciones y remarca la “participación prioritaria” que deben tener los trabajadores excedentes en esas tareas de restauración, gracias a una bolsa de trabajo específica que se gestionará desde el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC).
Por último, en el aspecto social, el preacuerdo estipula la posibilidad de que los trabajadores de plantilla se acojan a bajas indemnizadas o a los procesos de prejubilación. En este sentido, los empleados podrán optar por esta posibilidad a partir de los 48 años de edad y recibirán el 72 por ciento de su salario. En su último punto, el preacuerdo establece la creación de una comisión de seguimiento para comprobar que los puntos acordados se llevan a efecto.
El acuerdo se firmará el próximo 24 de octubre en Madrid una vez que los sindicatos hayan trasladado el contenido a los trabajadores del sector.
USO disconforme porque el acuerdo deja fuera a los trabajadores de las subcontratas mineras
El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO, Raúl Montoya, ha finalizado esta primera fase de negociaciones con “un sabor agridulce y con la firma de solo tres de los cinco integrantes de la delegación, incluso con un ‘no conforme’ porque consideramos que es un acuerdo que nace cojo”, como explican en un comunicado.
Montoya expone que “era necesario firmar este preacuerdo para poder avanzar y porque representamos a todos los trabajadores, a los contratados directos y a los de las subcontratas, y en el momento crítico en el que está la minería del carbón hay que tratar de paliar la situación de cuantos se pueda". Sin embargo, no se muestran satisfechos con el documento. "Si bien contempla muchas de las mejoras que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, deja desprotegido a un colectivo muy grande por el que hemos peleado desde el principio en solitario en las negociaciones, como es el de los trabajadores de las contratas”.
En este sentido, “nos parece una indecencia política comportarse de una forma en la oposición y de la contraria en el gobierno. Para que una transición sea justa, no puede discriminar, debe garantizar que todos los trabajadores que cumplan los requisitos puedan estar bajo el paraguas de este Real Decreto. Hay trabajadores que llevan cotizando 25 años en el régimen especial de la minería del carbón y no van a estar sujetos al Plan Social. En diciembre de 2016, el PSOE en la oposición inició una proposición no de ley para modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la seguridad jurídica, evitar la competencia desleal y que todos los trabajadores del sector tengan los mismos derechos. Es más, en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, presentados a bombo y platillo la semana pasada, se asegura que se terminará con urgencia esa tramitación ‘para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados’, según el propio PSOE ha redactado con Unidos Podemos en el documento. Y, sin embargo, al sector de la minería nos lo niegan”.
A pesar de eso, Montoya considera “un pequeño avance de última hora el haber arañado un compromiso que se ha trasladado en forma de epígrafe específico al preacuerdo para los trabajadores de las contratas y subcontratas. Al menos tendrán preferencia para acceder a una recolocación en un puesto de trabajo de reactivación y de formación”.
El secretario general de USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez, se muestra tajante en su negativa del preacuerdo: “con la situación que estamos viviendo ahora mismo en el cielo abierto de la Hullera Vasco Leonesa, con trabajadores encerrados que no van a tener el soporte de este plan porque no pertenecen de forma directa a la Vasco, tenemos que mostrar nuestro desacuerdo con este punto”.
CCOO considera que el preacuerdo por la minería es “el mejor” ante “el bloqueo del Gobierno” a dar continuidad al sector
El responsable de Minería de Comisiones Obreras en Castilla y León, Omar Garal, aseguró que el documento incluye “muchas de las peticiones del sindicato”, que permitieron llegar a “las mejores condiciones para los trabajadores, aunque haya un límite y siempre haya gente que no cumpla todos los requisitos”.
Sin embargo, aseguró que “hay un mundo en el que se debe trabajar más” como es en “la recolocación de los excedentes mineros y de los requisitos para entrar en prejubilación”. Además, también pidió la implicación de las comunidades autónomas para “poder llegar a cabo medidas satisfactorias en lo que concierte al medio ambiente”.
El apartado “más importante” de los incluidos en el preacuerdo es, para Garal, “lo relativo a las comarcas mineras”, para las que es “muy importante” centrarse en “las ayudas a la creación de empleo”.
Por ello, ante las críticas de algunos grupos políticos sobre la “poca concreción del plan en lo referente a la reindustrialización de las comarcas mineras", Omar Garal insistió en que se prestará “especial atención” a la reactivación de las cuencas “para evitar los errores cometidos en los planes anteriores que no resolvieron los problemas por falta de empleo alternativo”.
Así, Garal abogó por “tomar otro tipo de medidas”, así como por la creación desde el Ministerio de un organismo de tutela para que vigile y optimice los recursos necesarios. Entre estas medidas estaría la creación de un gabinete técnico en el Ministerio “para hacer unos estudios de mercado y estudiar las peculiaridades de cada comarca” para ver “las necesidades específicas”.
El responsable de minería de CCOO remarcó la necesidad de que “los recursos sean destinados a la creación de empleo, a la ayuda a los emprendedores y a las pequeñas empresas, así como a unos proyectos pilotos que tendrán que ser elaborados por el propio Ministerio, para que busquen inversores u ofrezcan soluciones en el ámbito público”.
UGT y el Consejo Comarcal del Bierzo valoran positivamente el preacuerdo
El secretario sectorial minero de UGT FICA Castilla y León, Jorge Díez, ha valorado el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Transición Ecológica en materia de minería, ya que “da cobertura máxima a los trabajadores”.
Con un tiempo “muy limitado de negociación”, ya que que las empresas en concurso y vías de liquidación se extinguirían el próximo 31 de diciembre, Jorge Díez aseguró que se ha llegado a un acuerdo “que de una manera u otra, mediante prejubilaciones, bajas incentivadas o poniendo el contador a cero, haya una salida que cubra a cien por cien de los trabajadores”. Además, aseguró que también se recogió la posibilidad de crear una bolsa de trabajo a través de la formación, en la entrarían a formar parte todos los excedentes mineros, para que el próximo año sean considerados prioritarios a la hora de buscar gente para realizar las labores de reforestación.
Unos excedentes mineros en los que, por primera vez, “estarán incluidos los trabajadores de las contratas y subcontratas”, que dentro del reglamento europeo para ayudas sociales no estaban amparados, según recordó el representante de UGT. A este respecto, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo señaló que "hay que pelear porque tengan los mismos derechos y que los trabajadores de Anllares y Compostilla tienen que tener preferencia para la construcción de la central de Forestalia".
Sin embargo, Diez señaló que no se pudieron obtener todas las perspectivas con las que el sindicato acudía a la reunión, ya que pretendía clarificar que más allá de 2018 se siguiera quemando carbón, “tal y como ha quedado plasmado”, para que “aquellas empresas que quieran continuar y sigan siendo competitivas cuenten con una flexibilidad en la devolución de ayudas”, pero nos pudo “garantizar” que dentro del mix energético “se siga quemando carbón autóctono”. Díez lamentó “no tener la potestad para establecer ningún sistema de regulación para que las centrales térmicas compren el carbón autóctono”, ya que según destacó, “a día de hoy el carbón nacional es mucho más barato que el internacional”, por eso “se buscaba un mecanismo que obligue a su quema”.
El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, ha calificado el documento como "muy bueno" ya que apuesta por la Ciuden, da posibilidad de que las minas funcionen y hay un plazo de actuación hasta 2027, aunque añade "que es lo que se debería haber hecho desde el año 2011".
"El documento es un compromiso de generar alternativas", señala el presidente que indica que "es la primera vez que en un documento del Ministerio se menciona el carbón autóctono".