El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca -que ha acordado la suspensión temporal de la pena de cárcel- fijó el 5 de marzo como fin del plazo para que Alonso abonase la multa de 25,5 millones de euros, cosa que todavía no ha hecho. Tampoco lo ha abonado la empresa Fimbas, de la que es dueño, declarada responsable civil subsidiaria como titular de la finca Bastarás donde se situaba la Cueva de Chaves. Esta ha ofrecido como pago 2.000 hectáreas de terrenos que no cubre ni la mitad de pago, valorados en 12 millones de euros.
Los hechos delictivos se dieron cuando el empresario leonés, sin previa comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultura ni la puesta en conocimiento del director de las excavaciones que se estaban llevando a cabo en la Cueva de Chaves, mandó vaciarla y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, según queda acreditado en la sentencia. Alonso también ordenó la construcción de un dique de contención de aguas en las inmediaciones de la cueva.
El resultado fue la destrucción de casi la totalidad de los niveles arqueológicos de la cronología neolítica de la Cueva de Chaves. Aunque en primera instancia se cifraron los daños en 50,9 millones de euros, la multa se rebajó finalmente a la mitad. Este yacimiento era considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica, junto a la cueva de Or en Valencia.