El Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha suspendido de forma cautelar el concurso abierto y permanente de la Junta, en lo que afecta a los 500 puestos de trabajo vacantes, exclusivos de sanitarios. Indirectamente se verán afectados todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por USCAL sea firme o se levante la suspensión.
La decisión, según informa USCAL, suspende “la ejecución de la resolución fechada el día 11 de octubre de 2018 en lo que se refiere exclusivamente a la resolución definitiva del concurso convocado respecto a aquellos concursantes que hayan solicitado los puestos de trabajo adscritos en exclusiva a las Escalas Sanitarias de los Cuerpos de Administración Especial”.
A juicio del sindicato, se verán afectados todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por USCAL sea firme o se levante la suspensión.
Desde la formación recuerda que este auto se suma otro reciente del Juzgado número 3, que igualmente suspendía cautelarmente la oferta de las 31 plazas ofertadas para los letrados de la Junta. El auto argumenta que la dependencia causal de estas plazas con el catálogo de puestos tipo, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, provocaría “una situación jurídicamente irracional con el consecuente perjuicio de muy difícil reparación sino por la muy marcada apariencia de buen derecho que dada la sentencia, ofrece la pretensión cautelar”.
De esta forma, ya son cuatro las sentencias del TSJCYL que anula el catálogo de puestos tipo. De hecho, la Consejería de la Presidencia trabaja en un decreto para fijar un nuevo catálogo, que, a juicio del sindicato, adolece de los mismos errores de base. “La falta de justificación de cómo se ha llevado a cabo la reducción de 700 tipos de puestos de trabajo existentes a 81 puestos tipo, sin trabajos preparatorios, estudios, informes y alegaciones, evidencia que no ha habido legítimo ejercicio de la potestad discrecional de organización del personal, sino arbitrariedad”.