La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 12 de diciembre de 2018. En su fallo desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) en la que se inadmitía el reconocimiento del derecho de los trabajadores prejubilados de la minería a percibir los incrementos de la prestación en función del IPC de los años 2011 y 2012, y de los ejercicios posteriores.
En el recurso, UGT FICA reclama el derecho de los trabajadores afectados a percibir durante el año 2011, el salario o cantidad garantizada y reconocida en su día en la cuantía resultante de aplicar al importe percibido en el año 2010 el incremento del 2,4%, experimentado por el IPC real en dicho año, menos el 1,5% ya aplicado en concepto del IPC previsto, es decir, la revisión del 0,9 por ciento, con efectos desde el 1 de enero de 2011.
Respecto al año 2012, reclama el salario o cantidad garantizada que resulte de aplicar al importe de la cantidad garantizada en el año 2011, una vez revalorizada conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, el incremento del 2,9% y con efectos desde el 1 de enero de 2012. En los sucesivos años, el salario o cantidad garantizada que se resulte de aplicar los incrementos del IPC de dichos años a las bases o importes que se hayan obtenido una vez aplicados los incrementos de los años 2011 y 2012 en los términos expuestos anteriormente.
UGT FICA sigue defendiendo el derecho de trabajadores mineros prejubilados a perciban los incrementos salariales actualizados del IPC de los años 2011 y 2012, así como a la regulación de los incrementos de los años posteriores de acuerdo con esta revisión.Así, espera que el Tribunal Supremo admita el recurso y resuelva definitivamente el contencioso para que los prejubilados puedan ver reconocidos esos derechos, que fueron derogados por el Real Decreto ley 1545/2011 por el Gobierno del PP, "que modificó unilateralmente el Real Decreto 808/2006, de 30 de junio, en el que se establecían las ayudas por prejubilaciones vinculadas a planes de racionalización y reestructuración de la actividad de las empresas mineras del carbón".