La empresa recuerda que ha ido dejando de ser titular de algunas concesiones mineras -por compraventa de las mismas-, desde enero de 2013, “por lo que difícilmente puede estar pretendiendo traspasar lo que hace tiempo que no es suyo. Ni se plantea ni se propone constituir ninguna nueva empresa, al no tener nada que traspasar”, recalcan.
Añaden que Uminsa no tiene la más mínima intención de desaparecer ni de poner punto final a su actividad extractiva. En todo caso, matizan, eso sería la consecuencia de las circunstancias por las que atraviesa la minería del carbón en general y ella en particular desde hace unos meses. No puede olvidarse que sus ventas, detallan, se han convertido en residuales desde hace algo más de un año, sin contratos y con simples cartas de compra mes a mes -cuando las hay- y, lo que es peor, sin expectativas de que la situación mejore.
Señalan además que la compañía ha venido explotando concesiones como arrendataria hasta que la ejecución provisional formulada por Hunosa en noviembre de 2016 y la forma en que ha planteado la investigación patrimonial subsiguiente le han obligado a renunciar a la explotación de las mismas. A ello se añade la situación derivada de los embargos que Hunosa ha llevado a cabo que, entre otras cosas, le han privado de las ayudas al sector de 2016 y previsiblemente de 2017.
Para salvaguardar los derechos de sus trabajadores que, de llegar a tener que paralizar su actividad, podrían ver perjudicado su derecho a prejubilarse o a percibir una baja indemnizada antes del 31 de diciembre de 2018, se ha iniciado un expediente de carácter plurianual para la extinción de todos sus contratos laborales que, obviamente, solo se aplicará en la medida en que sea imprescindible para garantizar los derechos de la plantilla, apuntan.
Hunosa, concluyen, está en su derecho de instar el embargo de lo que crea oportuno y conveniente a sus intereses, mientras no falle la Audiencia Provincial de Oviedo la apelación interpuesta por Uminsa contra el Auto que resolvió la ejecución provisional planteada; lo que no obsta para señalar que la compañía pública “no puede forzar el estrangulamiento económico de Uminsa por todos los medios en ejecución provisional y al mismo tiempo presentarse ante la opinión pública y ante los representantes de los trabajadores investida de prudencia y preocupación por los empleos”.