La mayoría de la oposición critica que la alcaldesa llevara a pleno el "embolao" de la devolución de los sueldos del bipartito, cuando se trata de una sentencia judicial. Y advierten que ahora el equipo de Gobierno debe decidir qué procedimiento inicia para evitar paralelamente un enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento, que se produciría en el momento en que los ediles del bipartito que gobernó Ponferrada entre 2013 y 2015 reintegren los honorarios percibidos en el ejercicio de sus funciones.
Cabe recordar que todo deriva de un defecto de forma, puesto que la denuncia del anterior grupo municipal del PP versó sobre la legalidad de convocar por la vía de Urgencia el pleno de las retribuciones coincidiendo con sábado santo. Fue en el año 2013, después de la moción de censura que echó a López Riesco (PP) de la alcaldía. En aquella sesión se fijaron las retribuciones salariales del bipartito y se llevó a cabo la toma de posesión del edil de IAP Sergio Gallardo tras la dimisión de Ismael Álvarez.
La edil de Hacienda, Amparo Vidal, se afanó en explicar que la presentación en pleno de este punto sobre la ejecución de la sentencia no se refiere a fijar un posicionamiento institucional sobre un dictamen judicial, sino a permitir que la alcaldesa "inicie el expediente de devolución" donde aún se deben determinar las cantidades a devolver por 6 concejales, y que se acercarían al medio millón de euros, por sus percepciones durante su etapa de Gobierno.
PSOE y Ponferrada en Común exigen a la alcaldesa que ejecute sin demora la sentencia para tramitar la solicitud en plazo de reintegro, y culpan a la alcaldesa de actuar de forma "irresponsable" al involucrar al pleno considerando que se trata de una resolución judicial que sólo cabe cumplir.
"Usted acaldesa quiere que le confirmemos si las sentencias judiciales deben cumplirse o no. Las sentencias judiciales firmes se deben cumplir en el plazo ordenado por el órgano judicial y por quien obligaa cumplirlas", expresó el portavoz del PSOE, Olegario Ramón.
"Nos trae a todos los grupos aquí para decidir sobre algo que está ya decidido por los tribunales". "Está metiendo a la institución donde no tenemos nada que decir". remarcó Miguel Ángel Fernández (PeC)
Más críticos fueron desde Coalición por El Bierzo y Ciudadanos, que se ausentaron de la sesión. “Las decisiones judiciales de los tribunales se cumplen y punto”, sentenció Pedro Muñoz antes de levantarse de su escaño.
Y ahora... ¿debe iniciarse un procedimiento que evite al Ayuntamiento caer en un enriquecimiento ilícito?
De la ejecución de la sentencia derivaría otra situación que supondría problemas legales para la institución, ya que caería en un supuesto de enriquecimiento ilícito derivado de la actividad de gobierno de 6 concejales durante 2 años sin recibir percepción (una vez se hayan reintegrado).
Es decir, el equipo de Gobierno debe resolver con otro procedimiento que vuelva a pagar a los integrantes del bipartito por su labor de gobierno entre 2013 y 2015... a no ser que encuentre resquicio normativo para concluir que no ha lugar a este supuesto.
Quien más advirtió de la situación fue el concejal por el PRB, Tarsicio Carballo. "Señora alcaldesa, nos ha metido en un embolao".
Y abrió el debate, al reclamar de forma "inmediata" un nuevo pleno que fije legalmente las percepciones de los ex integrantes del gobierno municipal (los que fueron concejales de IAP junto a los 'no adscritos' tras abandonar el PSOE liderados por Samuel Folgueral) a fin de "no caer en otra ilegalidad" con el enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento
USE votó, con advertencia
Otra de las curiosidades del pleno fue la decisión de USE de votar el punto sobre la ejecución de la sentencia, a pesar de que la alcaldesa, Gloria Merayo, adviertiera de posibles consecuencias de no aceptar la recusación en este punto al tratarse de un supuesto de interés personal en el asunto. Y es que varios de sus integrantes, entre ellos el axalcalde Samuel Folgueral, son los afectados por la sentencia del Juzgado de los contencioso administrativo nº3 de León.
Y también deslizó Folgueral que llevar la ejecución de la sentencia del reintegro de las pecepciones políticias sólo supone exponer públicamente el defecto de forma que motiva esta devolución, pero no contempla una solución para evitar la situación de enriquecimiento ilícito de la institución si se produce materialmente el reintegro monetario.
"El ayuntamiento tiene que devolvernos el trabajo realizado, y eso no lo veo contemplado en este punto del día. Nosotros devolveremos el dinero pero se nos debería devolver el trabajo realizado", advirtió.
En todo caso, respondió Olegario Ramón desde la bancada del PSOE, aludiendo que en todo caso "no se puede considerar esta sentencia inejecutable" y dejar en papel mojado la misma.
"Son dos informes, no procede mezclarlos, la pretensión de compensación por enriquecimiento injusto por las actividades llevadas a cabo tendrá que ser uno diferente a este, y si ha lugar o no".
Votación y situación
Finalmente el punto que determina la apertura del expediente para ejecutar la sentencia y exigir a los perceptores el reintegro de las cantidades salió adelante con los votos afirmativos de los grupos PP, PSOE y PeC, abstención de PRB y en contra de USE. C'S y CpB decidieron ausentarse de la sesión en este punto.
Es decir, ahora toca resolver la ejecución de la sentencia, y a continuación, efectivamente, el consistorio tendrá sobre su mesa otro problema por esa situación de enriquecimiento ilícito que debe resolver con otro procedimiento que vuelva a pagar a los integrantes del bipartito por su labor de gobierno entre 2013 y 2015.