De hecho, el comunicado asegura que la sentencia considera que la afección a la cueva respondió a “un plan preconcebido” al tiempo que admite que la administración actuó “con desidia manifiesta” al no señalizar el yacimiento ni comunicarse con los propietarios de la finca y, sin embargo, aplicar una condena “tan rigurosa”.
La compañía recordó que se trata de una resolución que, al no ser firme, carece de fuerza ejecutiva en estos momentos. Por eso, los abogados de la empresa preparan un recurso de apelación que “tiene muchos visos de prosperar” a la vista de la concurrencia de culpas de la administración de Aragón que determina la propia sentencia.