Los tres acusados, durante la primera sesión en la Audiencia Provincial de León. Fotos: C. Campillo“’El Feixolín’ se estuvo explotando durante 15 años y ahora me dicen que era ilegal, ¿en qué cabeza cabe?”. Con estas palabras, el empresario minero Victorino Alonso aseguró hoy en la Audiencia Provincial de León que la explotación de cielo abierto de Villablino “contó con todos los permisos”, así como con la “supervisión del Ministeiro de Industria, la Dirección General de Minas, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Villablino, las juntas vecinales y hasta el Seprona”, que “daba el visto bueno a diversos planes anuales además del inicial de apertura”, mientras que “el responsable de la explotación era su director facultativo, Luis Angulo”.
Así lo apuntó durante el inicio del juicio en el que se trata de dilucidar la responsabilidad de Alonso, así como del apoderado de Coto Minero del Cantábrico (CMC), José Tascón, y el ex alcalde de Villablino, Guillermo Murias, sobre la explotación de ‘El Feixolín’ por un delito continuado contra el medio ambiente por el desarrollo de la actividad minera en un paraje protegido para los dos primeros acusados, y por un delito de prevaricación urbanística para el tercero de ellos.
Durante su declaración, Victorino Alonso quiso dejar claro que su puesto dentro de las empresas mineras Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y CMC era de consejero delegado, más tarde de vicepresidente y presidente, mientras que señaló que “el responsable directo de la explotación de ‘El Feixolín’ era el director facultativo da la mina, Luis Angulo”, del que aseguró que “es él quien tendría que estar sentado explicándolo todo”.
Además, el empresario minero matizó que “cuando se inició la explotación no existían figuras de protección sobre la zona”, de manera que “cuando aparecieron, la legislación era para las futuras, no para las que estaban en marcha”.
También se sentó en el banquillo de los acusados el apoderado de la empresa minera, José Tascón, quien afirmó que él “era solo un mandado”, mientras que “ los responsables que tienen que dar explicaciones eran el director general, Tejuca, el director facultativo, Luis Angulo, y demás los directores correspondientes”.
“Yo no pinto nada aquí, solamente me dedicaba a tareas administrativas, soy inocente y no leía ni los documentos, trabajaba codo a codo con la asesoría jurídica, me fiaba de ellos y firmaba”, explicó. La misma asesoría jurídica que, según puntualizó, le aseguraron que “los permisos se obtuvieron por silencio administrativo”.
Por su parte, el ex alcalde de Villablino, Guillermo Murias, a quien se le acusa de intentar legalizar la situación ilegal de la explotación ‘El Feixolín’, explicó que cuanto él llegó al Ayuntamiento de Villablino, “la explotación ya estaba en funcionamiento” pero “con el tiempo se iban complicando las cosas por el cambio normativo y la introducción de nuevas figuras de protección”.
Murias se mostró conocedor de que “'El Feixolín’ era un problema administrativo”, pero “el cierre inmediato sería una aventura que habría durado dos días, porque habría sido una irresponsabilidad de cara a los trabajadores”.
El que en aquel momento fuera alcalde de la capital lacianiega expuso que “no podía echarse a la espalda una explotación que estaba avalada por el Ministerio de Industria, con competencias de la Junta de Castilla y León, que dio el visto bueno” cuando “había necesidad de que funcionase si se quería que los mineros siguieran trabajando”.
Asimismo, aseguró que nadie le dijo que la situación de ‘El Feixolín’ era ilegalizable hasta 2004 "cuando se procedió a la paralización de la actividad" para lo que “se pidió ayuda a la Junta de Castilla y León porque no se puede paralizar de un día para otro sin que suponga un riesgo”, de manera que “se inició un plan de cierre”. Además, el Consistorio inició un proceso sancionador por un importe de 126 millones de euros para la empresa explotadora.
Penas
Por todo ello, el fiscal solicita ocho años de prisión para los dos representantes de CMC, su consejero delegado, Victorino Alonso, y el apoderado, José Tascón, por “un delito continuado contra el medio ambiente”, ya que la actividad minera se desarrolló durante 15 años en un paraje protegido sin las licencias necesarias y “la restauración completa del daño ecológico y medioambiental causado”.
Para el ex regidor de Villablino, Guillermo Murias, solicita 15 meses de cárcel por un presunto delito de prevaricación urbanística, ya que considera que trató de legalizar la situación de la explotación de ‘El Feixolín’ para que pudiera continuar con su actividad.
Victorino Alonso a su llegada a la primera jornada del juicio por la explotación ilegal de 'El Feixolin' en la Audiencia de León. Fotos: C. Campillo