Todo este entramado criminal, como textualmente lo llama la Audiencia Nacional, fue montado en el año 2015 por los ejecutivos Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López, que configuraron "una organización criminal con el objetivo de obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsa". Entre sus colaboradores imputados está el ejecutivo Jaime Bagur y antiguo alto directivo de Bankia.
Su actividad consistió, según el juez José de la Mata, en el "desarrollo de una estructura societaria gracias a la cual consiguieron fraudulentamente una importante financiación de la entidad Bankia para su inversión en distintas explotaciones mercantiles, con el objetivo de su enriquecimiento personal a costa de los fondos desembolsados por la entidad bancaria. Y todo ello, en perjuicio de la viabilidad de las explotaciones económicas adquiridas y de la integridad patrimonial de la financiera".
Para ello ficharon al director de análisis de riesgos de Bankia, el también imputado Jorge Puga, que les facilitó financiación para comprar empresas, entre ellas la embotelladora de Folgoso y la patatera Centro AGM de Manipulados de Alimentos en Riego de la Vega. Pero dicho dinero que no lo usaron para el crecimiento de las sociedades, sino para su enrequecimiento personal.
La operación fue repetida en al menos seis empresas y ha supuesto un fraude de 54 millones de euros en préstamos hipotecarios obtenidos a favor de la organización investigada, cita el auto que los aboca a juicio. Posteriormente aplicaron la técnica en la sociedad iDental, que derivó en la operación 'Apolonia' en la que fueron detenidos y destapado todo el entramado de fraude empresarial.
El sistema del fraude
En el caso de la compañía berciana, el fraude detallado por el juez dicta que "en 2015 crearon la sociedad Agua Vitaminada N+1 para comprar la embotelladora de Folgoso de la Ribera. Para ello ampliaron ficticiamente el capital social de la mercantil en 6 millones euros mediante su supuesto depósito en una cuenta de la sucursal del USB de Zúrich, lo que les permitió solicitar y obtener un crédito hipotecario de 7,5 millones euros de Bankia".
Para conseguir estos fondo la organización criminal lograba que el directivo de Bankia compinchado aceptada valoraciones hinchadas de las empresas. Así, la embotelladora berciana estaba valorada supuestamente en 11,5 millones, cuando según valoraciones independientes en realidad eran 2,7 y 1,4 millones respectivamente.
De los 7,5 millones de euros de la empresa de la embotelladora de Folgoso de la Ribera pagaron 2,75 millones a la Corporación Pascual y otros casi 3 millones de euros fueron pagos a una sociedad inexistente que el juez cree que eran a testaferros de los hermanos Garrido López y Luis Sans.
El juez De la Mata detalla además, gracias a un grupo de Whatsapp llamado 'Samurai Capital' que los hermanos Garrido López y Luis Sans idearon llevar a la sociedad Agua Vitaminada a concurso de acreedores, "asegurándose no aparecer como responsables y gestionado desde fuera por una sociedad no vinculada a ellos". Todo ello a que consideraban en las conversaciones de Whatsapp que esas quiebras, situación hoy de las empresas, iban a conllevar numerosas demandas civiles de las que no querían ser responsables.
El entramado montado incluía facturación cruzada entre las sociedades, ventas de activos por debajo de su valor y cambios accionariales bajo sospecha de fraude. Las 2 empresas leonesas se declararon en concuro de acreedores en el año 2018 y a día de hoy permanecen cerradas y sin actividad. Desde que el supuesto fondo las compró han costado el puesto de trabajo a 40 trabajadores de la dos factorías.
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