La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que recurrirá a la Fiscalía general del Estado y le pedirá que investigue si la empresa de compra y reparto a domicilio Glovo está incurriendo en un delito penal al desafiar a la 'ley Rider'. Así lo ha avanzado este lunes durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. La empresa Glovo, fundada en Barcelona, ya acumula multimillonarias multas por emplear como falsos autónomos a sus repartidores.
Hasta ahora la Inspección de Trabajo ha ido examinando el operativo de Glovo en las distintas ciudades en las que opera y todos sus fallos han dictaminado que su modelo laboral es fraudulento. En la misma línea, falló el Tribunal Supremo. Por otro lado, la empresa, fundada por Óscar Pierre, va realizando pequeños cambios a medida que van reluciendo nuevas actas de la 'policía laboral'.
Desde el Ministerio de Trabajo han interpretado como un desafío frontal a la ley de trabajo en plataformas aprobada en el 2021. Y, además de las nuevas actuaciones de Inspección que siguen su curso, Díaz llevará el caso ante la fiscalía para que determine si, además de las multas monetarias, puede exigir responsabilidades penales.
