El Partido Popular de Castilla y León aprobó hoy, en el marco del 13 Congreso, la Ponencia Política y de Reglamento, en la que se recoge la creación de la Oficina del Cargo Popular, como un órgano con funciones en el ámbito de la ejemplaridad, transparencia e incompatibilidades, y la implantación de la figura del coordinador local para fortalecer su estructura en el territorio, a la vez que el Grupo Parlamentario en las Cortes deberá aprobar un código ético que será de “obligado cumplimiento” para los procuradores.
Estas son algunas de las novedades recogidas en la Ponencia, que presentó ante los compromisarios su coordinador, Alfonso García Vicente, quien definió al PP de Castilla y León como un partido de alcaldes y concejales y explicó que se han pactado y recogido la mayoría de las 106 enmiendas recibidas.
Entre las enmiendas aceptadas se encuentra la de que una tercera parte de miembros de las juntas directivas provinciales sean representantes de municipios de menos de 20.000 habitantes, si bien ante el plenario del Congreso se mantuvieron vivas dos del PP de Burgos, defendidas por Víctor Arnáiz, en relación a la depuración de los censos para que sólo tenga consideración de afiliado quien este al corriente de sus obligaciones.
Con ello se pretende evitar los problemas surgidos en las primarias de que no pudieron votar quienes no estaban al corriente de las cuotas, si bien las enmiendas fueron retiradas por su ponente, ya que García Vicente argumentó que el Comité Ejecutivo Nacional introducirá los cambios que se recogerán en el ámbito autonómico y provincial. “Un afiliado dos votos”, indicó el coordinador de la Ponencia en relación a la doble vuelta para elegir al presidente.
La Ponencia recoge que el PP “toma y preserva el legado” de Juan Vicente Herrera al frente de la organización y “lo proyecta hacia el futuro” con un proyecto renovado y un modelo de partido a la “altura de los nuevos retos y exigencias de nuestra sociedad”.
Después de la polémica entre Junta, PP y oposición en la aprobación de la ley de los Altos Cargos por no incluirse vía enmienda un código ético para las Cortes, con limitación de mandatos para los miembros de la Mesa y cargos de portavoz y viceportavoz, como en el Ejecutivo, el PP recoge en su ponencia que el Grupo Popular se dotará de un código ético, que abordará como “contenido mínimo” las cuestiones reflejadas en la ley autonómica.
Se pretende actualizar su normativa interna y ampliar su papel dentro del partido más allá de su acción institucional, como elemento dinamizador del proyecto político del partido. El PP quiere que el grupo en las Cortes tenga un “protagonismo especial”, como explicó el coordinador de la ponencia, que precisó que luego será el grupo, en el marco de su autonomía, quien actualice su reglamento e incorpore la obligatoriedad del código ético.
Órgano de control
Otra de las novedades será la creación de la Oficina del Cargo Popular, definida como un órgano especializado para realizar un efectivo control interno y brindar el apoyo y ayuda a los cargos públicos y orgánicos. Tendrá autonomía en el ejercicio de sus funciones, en especial las referidas a idoneidad, ejemplaridad, transparencia e incompatibilidades, como refleja la ponencia.
Este nuevo órgano estará formado por cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico en cualquiera de los ámbitos del PP, que serán nombrados a propuesta del presidente autonómico y aprobados por el Comité Ejecutivo. Sus competencias serán sobre los miembros de la Junta Directiva Autonómica, que no lo sean de la nacional.
Uno de los “grandes objetivos” del nuevo reglamento es fortalecer la implantación territorial del Partido Popular, al considerar que el elevado número de municipios es una seña de identidad de Castilla y León. En ese marco, apuesta la ponencia por la descentralización de las estructuras orgánicas e introduce la figura del coordinador local en pueblos que no pueden constituir Junta Local propia.
Asimismo, refuerza el papel de los alcaldes y concejales de los 2.248 municipios de la comunidad, recogiendo de manera expresa la obligación, en todos los ámbitos de representación institucional y acción política, de atender sus demandas y ser informados de cualquier iniciativa de interés local. “El PP de Castilla y León se define como un partido de alcaldes y concejales”, resumió.
Calidad democrática
Otra de las apuestas es mejorar y avanzar en la calidad democrática tanto en las instituciones como en todos los niveles de la organización. Así, se apuesta por la apertura del partido, con una mayor transparencia en la la información y en la participación tanto de los afiliados como del conjunto de la sociedad. Es por ello, que renueva su proyecto político para dar respuesta a la exigencia de mejora de la calidad democrática, a través de una mayor transparencia, participación y mecanismos de control.
Como partido abierto a la participación de afiliados y colectivos, la ponencia recoge en uno de sus artículos un responsable de participación, que será designado por el Comité Ejecutivo Autonómico con funciones de impulso de las políticas e instrumentos de participación, así como de incentivación de los afiliados.
En su introducción, define una comunidad en igualdad, una comunidad pujante y con oportunidades de futuro recoge como reto principal el desafío demográfico como una cuestión de estado y un asunto pendiente de la España constitucional-, un partido comprometido, una apuesta por la ejemplaridad y un reglamento innovador para un partido más abierto y participativo.
Juan Vicente Herrera después de su discurso de despedida como presidente del PP de Castilla y León. En la imagen junto a Alfonso Fernández Mañueco, Y Soraya Senz de Santamaría
Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván, que pugnaron por la presidencia, se abrazan al comienzo del 13 Congreso Regional del PP de Castilla y León
Alfonso Fernández Mañueco y Juan Vicente Herrera, presidente entrante y presidente saliente del PP-CyL
