Medio centenar de abogados y procuradores del Bierzo se congregaron este viernes frente a las oficinas de la Seguridad Social en Ponferrada para alzar su voz contra un sistema de previsión social que consideran injusto y precario. La movilización busca presionar para el desbloqueo de una iniciativa legislativa que les permita transferir sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que consideran crucial para garantizar jubilaciones dignas y una cobertura social adecuada.
La protesta pone de manifiesto la creciente frustración de un colectivo que se siente desamparado por un modelo que, en su día, les fue presentado como la mejor opción para su futuro. La demanda central es clara: equiparar sus derechos y prestaciones a los del resto de los trabajadores autónomos, poniendo fin a una situación de desventaja que afecta directamente a su calidad de vida tras años de dedicación profesional.
El engaño de un "sistema mejor"
La abogada Ana Karina Correia fue la portavoz de los manifestantes, leyendo un manifiesto que ponía de manifiesto la frustración de un colectivo que, en su momento, fue inducido a creer que la inscripción en la mutualidad era "un sistema mejor" para su futuro. Esta recomendación no solo afectó a abogados, sino también a otros profesionales liberales como arquitectos, gestores o biólogos, quienes ahora enfrentan una cruda realidad.
La promesa de un sistema superior se ha desvanecido con el tiempo, revelando una estructura que, lejos de ofrecer seguridad, ha generado una profunda incertidumbre. Los profesionales se sienten engañados, ya que las expectativas generadas no se corresponden en absoluto con las prestaciones que están recibiendo o que esperan recibir.
La cruda realidad: Jubilaciones "irrisorias"
Correia explicó que "Ahora, cuando los compañeros se han empezado a jubilar, se ha demostrado que ese sistema no solo no era mejor, sino que es peor". La situación es alarmante, ya que "Nos encontramos con una pensiones irrisorias, que no van a llegar, ni siquiera, a la pensión mínima contributiva, haciendo que muchos no tengan ni para subsistir", con casos documentados de jubilaciones que apenas alcanzan los 400 euros mensuales. Esta cifra, muy por debajo del umbral de la dignidad, condena a muchos profesionales a una vejez de precariedad económica, a pesar de haber cotizado diligentemente durante décadas.
La diferencia con las pensiones del RETA es abismal, lo que genera un sentimiento de injusticia y desamparo entre quienes han contribuido al sistema con la misma responsabilidad que cualquier otro trabajador.
Desprotección social: Más allá de la jubilación
Más allá de las bajas cuantías de las pensiones, los profesionales afectados denuncian una flagrante falta de cobertura social. Entre las carencias más destacadas se encuentran:
- La ausencia de prestación por incapacidad temporal.
- Un límite de un año para las bajas por enfermedad.
- Una restricción aún mayor, de solo dos meses, para las bajas relacionadas con ansiedad o enfermedades mentales.
Esta situación genera una profunda vulnerabilidad, como se subraya en el manifiesto: "Esa gran falta de cobertura y las bajas pensiones a las que están accediendo los compañeros nos colocan en una situación de total indefensión si nos comparamos con el resto de los ciudadanos". La falta de protección ante eventualidades como una enfermedad o un accidente laboral deja a estos profesionales en una posición extremadamente frágil, sin la red de seguridad que sí tienen otros colectivos.
La exigencia: Traspaso al RETA y justicia
Ante este panorama, la principal reivindicación es clara y contundente: la transferencia de todas sus cotizaciones al RETA. Los manifestantes exigen que el Estado intervenga para asegurar el cumplimiento de los requisitos legislativos necesarios para esta transición. Correia enfatizó que "Hemos pagado nuestras cotizaciones impuestos como todos", desmintiendo cualquier argumento que sugiera lo contrario. La percepción generalizada es que la mutualidad, en lugar de ser un sistema de previsión social, "se ha convertido en una gran compañía de seguros a la que solo le interesa tener afiliados que paguen la cuota".
Los profesionales no buscan un trato de favor, sino la igualdad de condiciones y la seguridad jurídica que les permita afrontar su futuro con tranquilidad, sabiendo que sus años de esfuerzo y cotizaciones se traducirán en prestaciones justas.
Tres años de lucha y promesas incumplidas
La lucha de estos profesionales no es reciente; llevan tres años intentando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Durante este tiempo, han mantenido numerosas reuniones con representantes políticos en el Congreso de los Diputados, presentando una iniciativa legislativa que, lamentablemente, permanece paralizada. La indignación es palpable al comparar su situación con la de otros colectivos que sí han logrado soluciones legislativas:
"Se ha legislado la de los notarios, la de los registradores, la de miembros de la iglesia, incluso la de los deportistas de élite. ¿Cómo no van a legislar la nuestra que somos un pilar básico de la sociedad?".
La pregunta retórica subraya la percepción de un trato desigual y la falta de reconocimiento a su papel fundamental en la sociedad. Consideran incomprensible que, siendo un pilar esencial del sistema judicial y social, sus reivindicaciones sean ignoradas mientras otros grupos han visto sus problemas resueltos.
Un clamor por la seguridad jurídica
La concentración concluyó con un llamamiento unánime y firme: "Que todas nuestras cotizaciones pasen ya al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos". Este es el clamor de un colectivo que busca justicia y seguridad para su futuro y el de las próximas generaciones de profesionales liberales. La movilización de hoy en Ponferrada es un recordatorio de que la lucha por unas pensiones dignas y una cobertura social justa sigue más viva que nunca, y que estos profesionales no cejarán en su empeño hasta ver sus derechos reconocidos y garantizados.
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