El Área de Salud del Bierzo registró un total de 19 agresiones durante el pasado 2022, lo que supone un ligero descenso frente a las 26 cifradas en 2021. Se trata de datos ofrecidos por el Observatorio de Castilla y León, en los que se aprecia además que Castilla y León, fue la segunda comunidad autónoma donde se registraron más agresiones a profesionales de Enfermería, con un total de 317, cifra solo superada por Andalucía, donde se contabilizaron 728.
El Área de Salud del Bierzo registró un total de 19 agresiones durante el pasado según los datos ofrecidos por el Observatorio de Castilla y León. Este registro supone 7 agresiones menos que el año 2021 en el que la cifra se situaba en 26. Recordemos que los cambios en la atención sanitaria provocados por el COVID, incluida la asistencia no presencial, disparaban un 30% las agresiones sufridas por los profesionales de Sacyl durante 2021 y elevaban a 78 centros de salud el mapa de riesgos que elabora la Consejería de Sanidad, 17 más que en 2020. Además, los centro de salud de ‘Ponferrada I’ y Villablino formaban parte del mapa de riesgos.
Los datos arrojados por el Observatorio, registran 10 agresiones en el Hospital del Bierzo y 9 en Atención Primaria, lo que supone un 2,4% del total de las agresiones total de Castilla y León. Sobre los incidentes registrados en El Bierzo, la variación es favorable, ya que ha disminuido un 20,8% desde el año 2020 hasta el 2022. De igual manera la evolución de las agresiones en hospitales es positiva ya que muestra una mejora interanual, con un descenso del 26,9%. El número de trabajadores agredidos también entra en descenso el pasado año, con descenso del 33,3%, situándose en 10 trabajadores. En Atención primaria también se produce un ligero descenso del 18,2%, pasando de 11 trabajadores agredidos en 2021 a 9 el pasado año.
Además este 2022, aumentó ligeramente el número de pacientes que no se presentaron en el centro hospitalario para pasar consulta con algún especialista, un 9% (6.095 pacientes), cifra muy similar a la del año anterior, 5.652 pacientes.
Por otro lado, Castilla y León fue el pasado año la segunda comunidad autónoma donde se registraron más agresiones a profesionales de Enfermería, con un total de 317, cifra solo superada por Andalucía, donde se contabilizaron 728. En 2022 se denunciaron en el conjunto de España un total de 2.580 agresiones a enfermeras en España, según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), lo que supone un incremento de más de 58,38%.
El director del Observatorio y secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, resaltó que este aumento no se ha debido realmente a que las agresiones se hayan incremento de forma tan alarmante, sino a que hay una mayor concienciación de los profesionales a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas.
Tras Andalucía y Castilla y León, se sitúan País Vasco (315), Baleares (268) y Galicia (188). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Extremadura (1), Cantabria (8), Canarias (11) y Cataluña (18).
El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, argumentó que estos profesionales se enfrentan cada día a hacer su trabajo con una presión asistencial “brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestro país. De hecho, hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos”.
Además, subrayó que “hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas”.
Ante esta situación, desde el CGE piden la colaboración de todos: de los políticos para que pongan soluciones a los problemas de la profesión; de los ciudadanos, “comprensión y solidaridad, que censuren los comportamientos delictivos y violentos, que alerten cuando puede darse una situación de violencia, que intervengan si es preciso y que testifiquen si son requeridos”, y, de las enfermeras, que “no deben dejar pasar la más mínima vejación”, y denuncien “cualquier agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante su hospital y ante los colegios profesionales”.
