El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), con una dotación total de 30 millones de euros. La norma busca acelerar el cobro de ayudas por parte de los afectados y evitar las demoras habituales de los procedimientos ordinarios de los seguros.
La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. El decreto establece ayudas inmediatas a las víctimas y adelanta parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil, en un marco que se suma a los mecanismos ya previstos en el ordenamiento jurídico para garantizar una asistencia integral a los damnificados y a sus familiares.
30 millones para ayudas y anticipos
La cuantía movilizada por el Ejecutivo se reparte en 15 millones de euros para ayudas urgentes y otros 15 millones para anticipos de las indemnizaciones del seguro. Estas ayudas son complementarias a los planes, seguros y coberturas recogidos en la ley y, por tanto, compatibles con las compensaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, estarán exentas de tributación, por lo que se percibirán íntegramente.
En los casos de fallecimiento, el decreto prevé una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida, cantidad que se replica como anticipo del seguro. Para los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se distribuyen según la gravedad del daño, con importes que van desde algo más de 2.404 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo de la póliza.
Protección especial en Seguridad Social
El Real Decreto-ley incorpora también una protección específica para las personas trabajadoras afectadas. Las bajas laborales por incapacidad temporal derivadas del accidente tendrán, de manera excepcional, la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica. Esto permitirá cobrar desde el primer día de baja y no a partir del cuarto, además de reconocer una cuantía superior: el 75 % de la base reguladora, en lugar del 60 % correspondiente a una incapacidad temporal por contingencias comunes.
La misma consideración se aplicará, siempre que resulte más favorable para los beneficiarios, a las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como a la prestación económica por incapacidad permanente parcial derivadas del accidente.
En el caso de las personas incluidas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, el decreto contempla que quienes tengan derecho a una pensión de jubilación por incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de los padres puedan acceder a una prestación de mayor cuantía. Se aplicará, si procede, el régimen de pensiones extraordinarias cuando resulte más ventajoso para el beneficiario.
Esta protección se aplicará de oficio, sin necesidad de presentar solicitud, y tendrá efectos retroactivos incluso si la baja o la pensión ya hubieran sido extinguidas o reconocidas.
Oficinas de atención integral para las víctimas
El Gobierno ha decidido además crear Oficinas de Atención Integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, desplegadas a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Estos puntos de atención, junto con las oficinas ya existentes para la ciudadanía, asistirán a los afectados en la solicitud y tramitación de las ayudas y anticipos.
Cuando una persona afectada no pueda desplazarse, será atendida en su propio domicilio, en cualquier punto del territorio nacional, por personal de las Subdelegaciones del Gobierno. Esta asistencia se canalizará a través del programa “La Administración Cerca de Ti”, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Limitación de precios en transportes y alojamientos
El Real Decreto-ley incluye, además, una limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras permanezca cortada la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía, así como de los servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados.
El objetivo es evitar que las consecuencias del accidente se agraven por subidas de precios que dificulten el acceso a bienes y servicios básicos. La norma introduce así un régimen temporal de límites máximos en situaciones de emergencia que alteren de forma significativa la oferta y la demanda de un mercado concreto, con la finalidad de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía. El tope se fijará tomando como referencia un período anterior, con un criterio objetivo y verificable, para impedir incrementos que puedan perjudicar de forma grave a consumidores y usuarios en un contexto de especial vulnerabilidad.
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔