La Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo ha expresado su preocupación y rechazo frente a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, así como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, respecto a los problemas ocasionados por las aguas recogidas en la Autovía A-6, la N-VI y las pluviales del barrio Compostilla.
Durante años, estas aguas procedentes tanto de las infraestructuras viarias como del propio barrio han sido desviadas hacia el canal de riego gestionado por esta comunidad. Sin embargo, estos caudales "no forman parte ni son necesarios para el sistema agrícola regado, ni corresponden a competencias propias de los regantes." Esta derivación fue decidida exclusivamente por las administraciones responsables mencionadas.
A lo largo de este periodo, los agricultores aseguran haber soportado los efectos negativos derivados, tales como la "acumulación de suciedad que provoca obstrucciones en acequias, filtros y otros sistemas vinculados al riego". Todo ello se hizo con un espíritu colaborativo orientado al bienestar general de Ponferrada, dado que gestionar estas aguas representa un problema serio para el barrio afectado.
No obstante, con la reciente modernización del sistema de riego, esta situación se ha vuelto "insostenible". Las administraciones competentes —el Ayuntamiento por tratarse de una problemática urbana relacionada con inundaciones; el Ministerio por ser responsable de las infraestructuras viales; y la Confederación Hidrográfica debido a su competencia sobre las aguas en la zona— no han avanzado en una solución efectiva. Además, ahora se pretende trasladar a los regantes el coste económico asociado a canalizar dichas aguas hacia un colector municipal.
Desde la Comunidad consideran que resulta absolutamente "injusto e indignante que se pretenda financiar con recursos propios una obra cuyo coste estiman entre 300.000 y 500.000 euros para resolver un problema ajeno a sus funciones agrícolas y sin relación con el uso agrícola del agua."
Los regantes recuerdan además que ya asumieron inversiones significativas para soterrar este canal en los municipios afectados —Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo—, aportando beneficios notables para toda la ciudadanía más allá del ámbito estrictamente comunero.
Por último, exigen a las administraciones involucradas asumir sus responsabilidades directas y buscar soluciones sin cargar costes sobre los usuarios agrícolas. Asimismo, advierten que no aceptarán pagar una inversión que no les corresponde y anuncian recurrir a todas las medidas legales o administrativas disponibles para defender sus intereses frente al Ayuntamiento ponferradino, principal gestor local responsable junto con las otras entidades implicadas.
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