La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena impuesta a un hombre acusado de estafar a un anciano en la comarca berciana. La sentencia, dictada el 18 de noviembre de 2025, ratifica la pena original dictada por la Audiencia Provincial de León que condenó al hombre a dos años y seis meses de prisión, además del pago de una indemnización superior a los 100.000 euros a los herederos del perjudicado.
Los hechos probados detallan que el acusado, excompañero del denunciante en el Cuerpo Nacional de Policía, reanudó su relación con el anciano —un jubilado soltero sin descendencia que residía en una residencia geriátrica de Toreno— con quien no mantenía amistad previa. Aprovechando el estado físico y cognitivo deteriorado del estafado (que precisaba silla de ruedas y presentaba un deterioro cognitivo moderado), el ahora condenado comenzó a visitarle con frecuencia desde principios de 2021.
En ese contexto, logró convencerle para obtener una tarjeta bancaria sin clave PIN ni protección suficiente. Entre junio y noviembre del mismo año realizó hasta 135 extracciones fraudulentas mediante esta tarjeta y la libreta bancaria del afectado, retirando cantidades diarias que sumaron más de 101.000 euros. Además, consiguió que el anciano firmase documentos simulando donaciones y ventas privadas para transferir vehículos y fincas rurales, generando un perjuicio patrimonial adicional.
Tras el fallecimiento del anciano en mayo de 2022, sus hermanos asumieron la representación legal como herederos e interpusieron las correspondientes acciones legales. La sentencia inicial condenó al hombre por delito continuado de estafa agravada y ordenó anular los contratos fraudulentos relacionados con vehículos y propiedades inmuebles para restituirlos a los herederos.
El acusado apeló alegando falta de pruebas suficientes, errores en la valoración probatoria e irregularidades procesales relacionadas con registros domiciliarios y declaraciones preconstituídas. Sin embargo, el Tribunal Superior desestimó íntegramente estos argumentos tras analizar exhaustivamente todas las pruebas aportadas: geolocalización móvil que ubicaba al acusado cerca de cajeros automáticos donde se efectuaron extracciones; testimonios diversos; informes periciales médicos sobre el estado cognitivo deteriorado del anciano; así como documentación bancaria.
El tribunal también rechazó las pretensiones relativas a nulidades procesales argumentadas por la defensa respecto al procedimiento judicial seguido durante la instrucción. Asimismo, confirmó que la presencia efectiva del acusado asistido por su abogada durante las diligencias fue suficiente garantía para salvaguardar su derecho a defensa.
Finalmente, se ratificaron tanto las penas privativas de libertad como las medidas civiles acordadas para resarcir económicamente a los afectados. El fallo establece además que contra esta resolución cabe recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo dentro del plazo legalmente establecido.
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