El empresario minero Victorino Alonso, en una imagen de archivo.La Audiencia de León ha solicitado el "ingreso voluntario" en prisión en un plazo de 10 días del empresario minero Victorino Alonso García, así como la prohibición de salida del territorio nacional, y la retirada de su pasaporte y expedición de uno nuevo "dada la gravedad de las penas impuestas al mismo".
Explica el escrito remitido por la Fiscalía de Ponferrada que dicha petición se toma tras "conocerse en octubre de 2021 la participación del condenado en la trama conocida como “Papeles de Panamá”, disponiendo al parecer el mismo de una notable capacidad económica para sustraerse de la acción de la Justicia."
De no entrar en prisión, lo hará teniendo que hacer frente a una fianza de 6.086.720,5 euros, el 25% de los 24.346.882 euros que el Supremo confirmó que tenía que abonar en concepto de responsabilidad civil, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
De igual modo, en este segundo caso también se le retirará el pasaporte y se le prohibirá salir de España, además de citarle semanalmente a comparecer en dependencias judiciales. Ahora queda por conocer si la Sección III de la Audiencia Provincial de León da la oportunidad al empresario de recurrir esta sentencia.
El Supremo consideró la semana pasada que la empresa tenía licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes, pero que los trabajos de explotación se deberían circunscribir a labores a realizar en el perímetro de Suelo Rústico Común, “quedando denegada la licencia para la ejecución de cualquier tipo de obra en Suelo Rústico de Protección Natural Pastizal y Matorral y en Suelo Rústico con Protección de Espacios Naturales de Interés Especial, y, sin embargo, la promotora ocupó la parcela nº 4 y nº 5 sin contar con la preceptiva licencia, actuaciones que se ejecutaron a sabiendas de su ilegalidad”.
Asimismo, el tribunal precisa que la promotora “invadió terrenos pertenecientes al municipio de Villablino, cuando la concesión minera se ceñía exclusivamente al municipio de Cabrillanes, extralimitación que ocupó un terreno de 18,8 hectáreas del Monte 280, terreno protegido por la Red Natura 2000, terrenos cuya invasión no contaba con ningún tipo de autorización administrativa ni por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, ni de licencia municipal de apertura ni urbanística por parte del Ayuntamiento de Villablino”.
Además, señala que la entidad promotora "no llevó a cabo los trabajos de restauración en la forma y condiciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental, siendo la extensión de terreno dañado 424,49 hectáreas."
La sentencia, ponencia del magistrado Ángel Luis Hurtado, considera que en este caso hay prueba que evidencia “los exagerados excesos medioambientales que se declaran probados” y señala que el impacto “es de tal envergadura, que ofrece muestras que, a simple vista, son detectables, como las modificaciones topográficas, o la destrucción tanto del suelo como de la totalidad de la vegetación, o la existencia de escombreras de estériles, o el taponamiento de cauce de arroyos por escombros”.
