El sindicato CCOO ha denunciado ante la Inspección Central de Trabajo al Ministerio de Justicia por incumplir sus obligaciones de vigilancia de la salud laboral en centros de trabajo de la Administración de Justicia donde los empleados podrían estar expuestos al gas radón, un elemento radiactivo natural vinculado al riesgo de cáncer de pulmón.
La denuncia afecta a más de un centenar de centros de trabajo del ámbito no transferido de Justicia en España, con más de 2.000 trabajadores potencialmente afectados. Entre las provincias incluidas se encuentra León, donde las localidades señaladas son Encinedo, Igüeña, Astorga y Ponferrada. En los dos primeros municipios se trata de Oficinas de Justicia en el municipio con dos trabajadores en cada caso, mientras que en Astorga el centro afectado corresponde al Tribunal de Instancia y Registro Civil, con 16 trabajadores. Por su parte, en Ponferrada se incluyen dependencias de la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y el Tribunal de Instancia y Registro Civil, donde el personal afectado asciende a 139 trabajadores. En total, estos centros de la provincia de León suman 159 trabajadores potencialmente expuestos.
Según explica el sindicato, el problema está relacionado con la posible acumulación de gas radón en espacios cerrados, especialmente en edificios con dependencias situadas en plantas bajas o bajo rasante, como pueden ser juzgados o instalaciones administrativas.
Incumplimiento de una instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear
El origen del conflicto se remonta a la publicación en el BOE, el 1 de mayo de 2025, de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que establece un listado de municipios prioritarios para actuar frente a la presencia de radón y obliga a realizar mediciones en centros de trabajo ubicados en esas zonas.
Tras esa publicación, CCOO solicitó el 9 de mayo de 2025 al Ministerio de Justicia la instalación inmediata de medidores de radón en los centros afectados, con el objetivo de evaluar la exposición del personal.
En su respuesta, el Ministerio informó de que estaba en disposición de estimar la concentración de radón en los lugares de trabajo, pero señaló que la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales no disponía de medios materiales ni humanos para realizar las mediciones, por lo que sería necesario licitar el servicio a empresas externas.
El sindicato denuncia que han transcurrido ampliamente los seis meses establecidos por la normativa sin que el Ministerio haya publicado la licitación, instalado medidores ni comunicado resultados a los delegados de prevención. Esto significa, según CCOO, que los trabajadores de estos centros podrían estar expuestos a niveles de radón sin control ni evaluación, lo que supondría un incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
“El Ministerio de Justicia está tratando a su personal como trabajadores de segunda categoría en materia de prevención de riesgos laborales”, critica el sindicato. La denuncia se basa también en los riesgos asociados a este gas natural. Según recuerda CCOO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la exposición prolongada al radón como la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo.
Por este motivo, el sindicato ha puesto también los hechos en conocimiento del Consejo de Seguridad Nuclear. CCOO ha solicitado a la Inspección Central de Trabajo que investigue la situación y obligue al Ministerio de Justicia a iniciar de forma inmediata las mediciones de radón en los centros afectados.
Además, el sindicato plantea que, si se considera necesario para proteger la salud de los trabajadores, se valore la suspensión temporal de la actividad laboral en los centros afectados hasta que se realicen las mediciones y se descarte cualquier riesgo para el personal.
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