Por activa y por pasiva explicó el presidente de la CHMS, Francisco Marín a la plataforma PonfeSil y a los colectivos vecinales de toral de Merayo y el barrio de La Estación, en la reunión celebrada este jueves entre la propia CHMS, PonfeSil y el Ayuntamiento de Ponferrada, que el proyecto de protección de las márgenes del río Sil es así porque debe ajustarse a la legalidad. Es decir, debe ser acorde al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de 2007 y a la normativa europea sobre protección frente a inundaciones.
Confederación se ha comprometido con la plataforma PonfeSil a poner a su disposición “toda la cartografía y datos básicos para que ellos puedan encargar un estudio de ingeniería distinto de su confianza para que ese estudio pueda comprobar si existe otra alternativa. Nosotros entendemos que no, puesto que hemos respetado la norma europea y el PGOU de 2007”.
En caso de que existiera esa alternativa, Marín ha asegurado que “tendríamos que consensuarla y cabría la posibilidad de modificar el proyecto”. Al tiempo, añadía que “lo que queremos es avanzar en la licitación y darles estos meses de plazo en los que se tiene que licitar la obra y valorar las ofertas presentadas”. El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil anunció que su intención es licitar el proyecto “si es posible a finales de este mes o primeros de diciembre.
El plazo habitual para licitarlo dura entre 3 y 4 meses y sería en este periodo de tiempo en el que PonfeSil podría buscar un proyecto alternativo al presentado por CHMS y que se ajuste a la legalidad “no por capricho”, señalaba, sino “técnicamente”.
El tiempo de ejecución para la defensa de las márgenes del Sil está previsto que dure 12 meses y el presupuesto es de tres millones de euros. El 80% de la obra está cofinanciada por fondos europeos, y el 20% restante correría a cargo de la Junta (10%) y el Ayuntamiento de Ponferrada (10%). Frente a esto, insistía en que “no encontramos otra alternativa legal con el dinero que tenemos”.
También y dado que “el dinero de la Junta no está resuelto”, aseguraba Marín, desde Confederación harían “un esfuerzo” para financiar el 10% que debe aportar la Administración Autonómica en caso de que finalmente no pueda aportar esos 300.000 euros.
Sin embargo, insistía en que “no encontramos otra alternativa legal con el dinero que tenemos”.
Asimismo, Marín estudia las líneas de financiación que se pueden conseguir de los fondos FEDER para continuar con inversiones complementarias.
En este sentido, Marín explicó que “si con este proyecto resolvemos el problema del acceso a Toral de Merayo, ya tendríamos medio problema resuelto”.
El representante de la plataforma PonfeSil, Carlos Álvarez, se mostraba satisfecho por el “primer ofrecimiento serio”, pero puntualizó que “Confederación sigue dando su proyecto por válido y nosotros creemos que hay alternativas viables que cumplen con la legalidad y que debieran tenerse en cuenta”. No obstante, lamentó que “esta reunión haya sido hoy y no hace más de un año”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ponferrada aportará su 10% correspondiente, es decir, 300.000 euros. El alcalde, Samuel Folgueral, aclaró que “Ponferrada no puede permitirse el lujo de perder una inversión de tres millones pero tampoco puede perder la seguridad porque es una obra de interés general y por tanto, el Ayuntamiento debe defender los intereses y ante una avenida de 500 años a los ponferradinos y a los bienes de la ciudad”.
