La comisión de investigación constituida en el Parlamento del Principado de Asturias para esclarecer las causas del accidente mortal registrado en la mina de Cerredo ha dejado al descubierto lecturas técnicas divergentes sobre el estado real de la explotación en los años previos al siniestro. El suceso, ocurrido en marzo de 2025, costó la vida a cinco mineros procedentes de Laciana y El Bierzo y dejó varios heridos.
Las comparecencias de miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que accedieron a la mina en momentos distintos y con objetivos diferentes, han dibujado un escenario complejo, en el que conviven descripciones de una instalación aparentemente funcional con advertencias sobre la dificultad de que una actividad irregular prolongada pasara inadvertida.
Uno de los primeros en intervenir fue David Hevia, quien explicó que su entrada en la mina, el 8 de abril de 2025, se produjo con el objetivo de asegurar el interior antes de que comenzaran las investigaciones oficiales. Según su relato, el estado general de la explotación no presentaba anomalías evidentes: había herramientas habituales, materiales de trabajo y una ventilación que, en su opinión, no exigía el uso de equipos de respiración autónoma. Hevia subrayó que lo observado no difería sustancialmente de lo que había encontrado en visitas anteriores, incluida una realizada en 2023 tras otro incidente.
Frente a esta visión, Cristian Menéndez Cienfuegos, brigadista desde hace seis años y antiguo trabajador de la mina a través de una subcontrata a comienzos de los años 2000, planteó un enfoque más crítico. En su comparecencia defendió que unas condiciones de trabajo claramente deficientes difícilmente pueden mantenerse ocultas durante largos periodos en una explotación minera, lo que, a su juicio, obliga a cuestionar el nivel de control administrativo ejercido sobre Cerredo, cerrada oficialmente desde 2018.
Menéndez recordó que, aunque no participó en el rescate tras el accidente de 2025, sí formó parte de la inspección realizada en marzo de 2022 después de un siniestro anterior con un fallecido y un herido grave. Aquella actuación, solicitada por la Dirección General de Minas y centrada en el sexto piso de la mina, acabó derivando en una sanción a la empresa titular por realizar extracción de carbón sin autorización, al contar únicamente con permisos para la retirada de chatarra y restos de mineral.
Durante esa inspección, los brigadistas accedieron al interior tras retirar un tapiado y comprobaron que no había problemas significativos de ventilación ni presencia relevante de gases, más allá de un pequeño hundimiento. Menéndez señaló que los restos hallados no permitían determinar con certeza si la actividad era reciente ni su naturaleza exacta, aunque el informe oficial sí recogió indicios propios de una explotación activa, como calles posteadas, equipos de perforación, red de aire comprimido y diverso material de trabajo.
Desde el punto de vista operativo, el brigadista indicó que el interior presentaba un nivel de conservación compatible con el de otras minas antiguas sin actividad reciente aparente, con presencia de herramientas y vagones similares a los que pueden encontrarse en explotaciones paralizadas desde hace años.
El relato del rescate tras la explosión del 31 de marzo de 2025 fue aportado por Iván García, quien explicó que el equipo tardó alrededor de diez minutos en alcanzar el punto del siniestro, situado a cerca de un kilómetro de la bocamina. La intervención completa se prolongó durante aproximadamente una hora y media. García detalló que en una primera fase localizaron a dos de los fallecidos y a uno de los heridos, que fue evacuado al exterior, antes de continuar con la recuperación de los otros tres cuerpos. Aclaró además que su cometido no incluía la medición de gases y que no pudo confirmar si los trabajadores llevaban puestos los autorescatadores en el momento de la explosión.
Las inspecciones posteriores permitieron localizar, en el tercer nivel de la mina -donde se produjo el siniestro-, abundante equipamiento vinculado al transporte y arranque de mineral, como vagones, una locomotora, una pala hidráulica, sistemas de ventilación, martillos neumáticos, madera y tuberías, así como dos huecos posteados de más de 18 y 24 metros de longitud.
Las conclusiones provisionales de la investigación apuntan a que la explosión de grisú se produjo en una zona en la que se habría estado extrayendo carbón sin autorización. La empresa titular, Blue Solving S.L., solo contaba con permiso para la retirada de maquinaria, chatarra y acopios existentes en una explotación cerrada administrativamente desde hacía siete años.
Las comparecencias han abierto un debate técnico de fondo sobre el estado real de la mina y el alcance del control ejercido por la administración antes del accidente. A lo largo de los próximos días, la comisión continuará escuchando a técnicos y responsables institucionales con el objetivo de reconstruir con mayor precisión las circunstancias que rodearon una de las tragedias mineras más graves de los últimos años en Asturias.
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