Los abogados de algunos de los estafados por el 'caso Ponsferrata', Aníbal Fernández Domínguez y Marco Morala han ratificado este lunes en la Audiencia Provincial la aceptación de la sentencia de conformidad que condena al promotor urbanístico Faustino 'Tino' Pérez.
La vista oral ha tenido lugar este lunes a las 10h. en la Audiencia Provincial de León y las tres partes implicadas (Fiscalía, defensa y afectados) han llegado de forma rápida al acuerdo propuesto por el Ministerio Fiscal, con lo que la audiencia pública ha durado pocos minutos y se pone punto final a un juicio que iba a arrancar este lunes.
"El juicio quedó visto para sentencia y lógicamente se dictará conforme a esos términos", señalaba el letrado Fernández Domínguez, quien matizaba que "será rápido porque es una sentencia de conformidad, pero al ser tantos perjudicados, les llevará tiempo recopilar toda la información", explica.
De esta forma, el promotor de la constructora 'Ponsferrata' irá 9 años a prisión por la comisión de tres delitos. En concreto, son 6 años por apropiación indebida, 1 por estafa y 2 por insolvencia punlible. También tendrá que ingresar en la cárcel su esposa, para quien recaerá una sentencia con cuatro años y medio de prisión (3 por apropiación, medio año por estafa y 1 por insolvencia punible). La hija de ambos, para quien se dictará condena de cárcel por 1 año ante el delito de insolvencia punible, se librará de entrar en prisión debido a que el tiempo de condena no lo requiere. "En principio, la hija no entrará en la cárcel si cumple los términos del acuerdo, pero de lo contrario, tendrá que ir a prisión", detallaba el abogado.
La propuesta de la Fiscalía -que las tres partes han aceptado-, pasa por fijar un primer porcentaje de pago inmediato para cada propietario, que sería relativo a la cantidad adelantada por cada uno de ellos. Después, mediante un calendario de pagos de 300 euros al mes, el acusado abonaría la parte pendiente. Cada propietario adelantó entre 6.000 y 68.000 euros. Además de la nómina de Pérez -como funcionario del Ayuntamiento- la familia del constructor se responsabilizaría con sus bienes e ingresos para cumplir con los compromisos de pago.
La fecha en la que Tino y su mujer ingresarán en prisión se desconoce, a falta de que la Audiencia de oficio comunique su decisión.
Concluye, prácticamente, un caso de estafa que arrancó en 2008 con la entrega por parte de 21 familias de 456.012,34 euros de adelanto por una promoción en Flores del Sil que nunca se llegó a construir. Entonces, el constructor huyó hasta su detención en 2011, en el aeropuerto de Barajas. Desde julio de 2013, Tino Pérez ha estado en libertad con cargos al permanecer el tiempo máximo de dos años en prisión preventiva.