La noticia ha saltado este mediodía, cuando el consejero de Economía asturiano, Graciano Torre, ha explicado sus impresiones tras la reunión con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la sede del Ministerio de Industria.

Afirma salir "desolado",porque el secretario de Estado le ha confirmado que el decreto de restricciones de garantía de suministro, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales, termina el 31 de diciembre de 2014 "y no se prorrogará".
De esta forma, ha apuntado el consejero, "no habrá más ayudas para la entrada de carbón en las térmicas" a la vez que las empresas productoras tampoco recibirán ayudas" de otro tipo.

Estas medidas suponen "el cierre de la minería" pese a que, según Torre, el secretario de Estado considera que parte del sector puede competir sin necesidad de ayudas como es el caso de la de cielo abierto, "que causa grandes destrozos medioambientales y genera muy poco empleo en comparación con la subterránea".

En el encuentro, según el consejero asturiano, Nadal mostró su voluntad de "hablar de futuro con los sindicatos" en la reunió que mantendrán próximamente "pero en ningún momento se refirió a un nuevo plan del carbón". Es decir, que con el horizonte de 2 años para el fin del marco normativo de ayudas, el Ejecutivo podría prescindir de elaborar un Plan 2013-2018 buscando otras alternativas para encajar las ayudas que hasta entonces pudiera recibir el sector -con las de 2012 todavía pendientes de cobro.

Fuentes consultadas por este diario en la patronal minera advierten que el sector "no está preparado" para ser viable en 2015, y máxime "sin percibir las ayudas de 2012" y con la incertidumbre del incentivo -en precio y cantidad de toneladas- para este año. Afirman que la pugna debiera centrarse en cambiar la normativa europea, por la cual se reclamarán las ayudas percibidas por las empresas extractoras que sigan funcionando más allá de 2018 y que hubiesen recibido estos fondos a la producción en los años precedentes. Lejos de ello, reciben con pesimismo el adelanto en los planes del Gobierno para el cierre de la minería sobre la fecha límite fijada por la UE.