El procurador socialista Javier Campos considera que “de algunas informaciones y declaraciones públicas realizadas por miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, se desprende que el consistorio no estaría, ni a corto ni a medio plazo, en disposición de aportar la parte presupuestaria que le correspondía para la conclusión de la mencionada infraestructura educativa, que se estima en 3 millones de Euros aproximadamente para la construcción de los talleres en los que se impartirían las prácticas de los ciclos formativos”.
Además, cree que los no adscritos, “al no tener partido que le sustente a excepción de IAP, ni poder o capacidad alguna para presionar al PP autonómico, tampoco tiene posibilidades en el ámbito parlamentario para poder reclamar o formular iniciativas parlamentarias que puedan dar lugar al debate” para solucionar “el problema”.
Ahora, el procurador berciano ha registrado una nueva Proposición No de Ley para la comisión de Educación donde insta a la Junta de Castilla y León “a realizar las gestiones necesarias para que el Centro de Integrado de FP de Ponferrada sea de titularidad de la Consejería de Educación, o la competente en materia de Formación Profesional, para poder gestionar este centro educativo”.
Una propuesta que a juicio de Campos y respaldada también por los procuradores Ángela Marqués, Miguel Ángel Fernández Cardo, Teresa Gutiérrez Álvarez y Ana María da Silva García, “sería la mejor opción para ver el centro educativo terminado en el menor tiempo posible”.