El proceso judicial que busca resarcir a Raquel Díaz, víctima de una grave agresión por parte de su exesposo, el expolítico Pedro Muñoz, ha dado un paso decisivo con el inicio del embargo sobre sus bienes y su pensión de jubilación, según adelanta Radio Bierzo.
Muñoz, exrepresentante político en El Bierzo, fue sentenciado a 16 años y 11 meses de prisión por la violencia que le causó lesiones severas a Díaz en mayo de 2020, dejándola parapléjica. La condena quedó firme tras ser ratificada por el Tribunal Supremo. Además del castigo penal, se le impuso una indemnización cercana a los 1,5 millones de euros para compensar los daños sufridos.
El fallo recoge una pena de 16 años y 11 meses para Muñoz acusado por delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar, otros tres de maltrato en el ámbito familiar y uno por lesiones agravadas, con los agravantes de parentesco y discriminación por razón de género contra su exmujer, sin embargo, sí ha sido absuelto de los cargos más duros y con mayor pena de cárcel a los que se enfrentaba homicidio en grado de tentativa, amenazas en el ámbito familiar e injurias en el ámbito familiar.
Recordemos que además hace un año el Juzgado de lo Penal de Ponferrada emitió una sentencia en la que condena a un año, tres meses y un día de prisión al exconcejal por un delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes, que se suma a las penas anteriores de 16 años y once meses de cárcel.
Para garantizar el pago completo de esta suma, las autoridades han ordenado embargar inicialmente la vivienda que Muñoz habitaba en Santo Tomás de las Ollas junto con una cochera vinculada, según la información adelantada por Radio Bierzo. Estos inmuebles habían sido donados previamente a sus hijos en un presunto intento por evitar responder económicamente, pero dicha donación fue anulada legalmente.
Asimismo, informa también esta emisora, se procederá al embargo parcial de la pensión mensual que recibe Muñoz y que supera los 2.200 euros. Sin embargo, aún no se ha podido incluir dentro del embargo la finca situada en Toreno —lugar donde ocurrió la agresión— debido a que la cancelación registral relacionada con esa propiedad no se ha actualizado todavía en el catastro, explica la emisora.
Raquel Díaz continúa enfrentando graves secuelas físicas y neurológicas derivadas del ataque sufrido. Tras un extenso litigio judicial orientado a hacer justicia y reparar el daño ocasionado, ahora se avanza hacia la ejecución forzosa para asegurar que el condenado cumpla con las responsabilidades económicas establecidas.
Cabe recordar que además de los 1,5 millones de indemnización a Díaz, el acusado deberá indemnizar a la Junta de Castilla y León en la cantidad de 97.149,24 euros, y al Servicio de Salud de la Comunidad de Castilla-La Mancha en la cantidad de 47.999,99; lo que suma un total de 1.648.131,56 euros.
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