“Recepcioné una obra que no estaba ejecutada. No sé si es lo más ético, pero muchas veces se producen situaciones y hay obras que no pueden hacerse en plazo y se hacen a posteriori en beneficio del pueblo”, afirmó hoy ante la Audiencia Provincial de León el exalcalde de Fabero y actual portavoz del Partido Socialista municipal, Demetrio Alfonso, quien aseguró que, unos días antes de que se produjeran los hechos, recibió una llamada de la Diputación de León “para ofrecer una subvención de 40.000 euros”, al igual que a otros ayuntamientos, en los que “se produjo la misma situación pero no están imputados”.
La Audiencia Provincial de León juzga durante este lunes y este martes al exalcalde del municipio de Fabero y actual portavoz municipal del Partido Socialista de Fabero, en la comarca del Bierzo, Demetrio Alfonso Canedo, por los delitos de falsedad en documento público en concurso medial con prevaricación administrativa por, presuntamente, haber firmado la adjudicación y finalización de una obra en dos días a finales de 2007 para cobrar una subvención de la Diputación provincial.
También estaba previsto juzgar al ingeniero de caminos que ejerció como jefe de obra, Rubén Manuel Corredoira, y al contratista de las obras por parte de la empresa ECK Bierzo, Jorge Castelao, a los que el juez decidió dejar fuera de la causa al aceptar la solicitud de prescripción del delito presentada por sus representantes legales.
Durante su declaración ante el Ministerio Fiscal y su letrado de defensa, Demetrio Alfonso Canedo explicó que el pueblo “había sufrido una sequía terrible”, por lo que, cuando recibió la llamada de la Diputación de León “ofertando, junto a más ayuntamientos, que podría disponer de una cantidad de 40.000 euros para invertir” en la mejora del abastecimiento de aguas, aunque el trámite tendría que estar justificado el 31 de octubre, motivo por el que “las cosas se hicieron con premura” para poder enviar la certificación ese día, cuando “la propia institución provincial lo aprobó para rendírselo a la Junta”.
“No es lo más ético, pero el pueblo que había sufrido una sequía terrible y por eso lo hicimos, aunque soy consciente de que, el 31 de octubre, las obras no estaban hechas, por lo que recepcioné una obra que no estaba ejecutaba”, añadió.
De igual forma, detalló que, cuando se hicieron estos trámites de adjudicación y posterior recepción, el concejal delegado de obras del Ayuntamiento de Fabero le explicó la situación al contratista y al director de obra y “ellos lo vieron lo más normal porque ocurre bastantes veces”, así que “aceptaron que no pasaría nada en hacer esos trámites y luego hacer la obra”.
En cuanto a los requerimientos por parte de la institución provincial, Alfonso Canedo trasladó que “solamente eran la recepción de la obra y la factura”, aunque “más adelante llegó el requerimiento de que había que acreditar el pagado". “El interventor me preguntó a mediados de enero si la obra estaba terminada y yo le dije que no, pero el concejal de obras le requirió al contratista que la diera por pagada y el interventor hizo el informe, aunque no estaba pagada ni terminada”, subrayó.
Asimismo, el socialista insistió en que “ni los servicios legales del Ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario advirtieron de la ilegalidad de lo que se estaba llevando a cabo”, aunque puntualizó que él “era consciente de que estaba haciendo una cosa que no se debía hacer, pero prevalecía el interés de los vecinos tras un verano con problemas muy serios de sequía”.
Relato de los hechos
Los hechos que se juzgan durante dos jornadas se remontan al año 2007, cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Demetrio Alfonso, “guiado por el propósito de cobrar una
subvención incluida en el Plan de Sequía 2007 de la Diputación Provincial de León, cuyo plazo finalizaba el 31 de octubre del 2007”, acordó, mediante providencia de la Alcaldía del 22 de octubre, iniciar un expediente administrativo para la aprobación del proyecto y contratación de las obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento del municipio.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fabero aprobó unos días después, concretamente el 25 de octubre, el expediente de contratación y autorizó el correspondiente gasto, solicitando oferta a las empresas interesadas. Un día después, ambos acusados firmaron el acta de replanteo previo de la obra, “cuando en realidad no había sido realizado y con el fin de completar el expediente”, según afirma la Fiscalía.
Por resolución de la Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de octubre de 2007, el contrato fue adjudicado a la empresa representada por el tercer acusado por un importe de 40.000 euros. “Ese mismo día, el exalcalde de Fabero, el ingeniero y el representante de la empresa adjudicataria, firmaron, a sabiendas de su falsedad, el acta de comprobación de replanteo”, afirma el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al tiempo que añade que solo un día después, “resultando materialmente imposible que las obras pudieran haber sido ejecutadas, los acusados firmaron la certificación y final de obra”, así como “el acta de recepción”, en la que “hacían constar que las obras habían sido ejecutadas y finalizadas, recibiéndola con plena conformidad el alcalde en representación del Ayuntamiento”.
De igual forma, la Fiscalía señaló que Alfonso Canedo también firmó ese mismo día, en condición de alcalde, el final de obra y la factura emitida, “con plena conciencia de su ilegalidad porque las obras no estaban realizadas”.
Así, la documentación fue remitida a la Diputación de León, que aprobó el abono de 40.000 euros, de los cuales 20.000 euros serían financiados por la Junta de Castilla y León, 10.000 euros por la institución provincial y 10.000 euros por el Ayuntamiento. Además, en enero del año siguiente, “de forma mendaz”, según palabras del Ministerio Fiscal, se añadió a la factura la leyenda de “pagada”, a pesar de que “no consta que se abonara”.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de falsedad en documento público en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, así como de otro delito de falsedad en documento público cometido por particular, por los que solicita tres años y medio de prisión para el que en aquel momento era alcalde de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, así como una multa de 2.400 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres años.
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