Las familias de cuatro de los cinco mineros fallecidos en la explosión de grisú de la mina de Cerredo, ocurrida el 31 de marzo de 2025, han comenzado a poner cifra a su reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Principado de Asturias. La cantidad planteada hasta el momento asciende a 1.074.130,39 euros, según ha adelantado el medio asturiano 'La Nueva España'.
La reclamación, todavía provisional, se articula a través de cuatro procedimientos independientes promovidos por los familiares de Jorge Carro André, Rubén José Souto Robla, Amadeo Augusto Bernabé Castelao y David Álvarez Núñez. Todos ellos están representados por la abogada leonesa Beatriz Llamas.
Según la información publicada por La Nueva España, las familias sostienen que pudo producirse un “funcionamiento anormal” de los servicios públicos de inspección, vigilancia y seguridad minera, al considerar que la Administración no habría detectado ni paralizado una actividad extractiva que estaba prohibida en la explotación.
Una cantidad todavía provisional
Los 1,07 millones de euros constituyen una primera estimación y no una cantidad definitiva. Los expedientes mantienen abiertos distintos conceptos indemnizatorios y las familias se reservan la posibilidad de ampliar o actualizar las cantidades durante la tramitación administrativa y a medida que avance la investigación judicial.
Las cantidades tampoco son iguales en los cuatro casos, ya que se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada uno de los trabajadores fallecidos. Entre los conceptos reclamados se encuentran, entre otros, los perjuicios económicos derivados de la pérdida de los trabajadores.
El foco, en la vigilancia de la explotación
La reclamación de las familias pone el foco en las circunstancias en las que se encontraba la mina de Cerredo antes del accidente. Su tesis parte de que la explotación se encontraba en fase de cierre y clausura y que una resolución de noviembre de 2023 había establecido el cese de la producción de carbón.
Sin embargo, las actuaciones posteriores a la tragedia permitieron localizar indicios de actividad minera en el tercer piso de la explotación, conocido como Mangueiro. Las familias consideran que estos elementos pueden ser relevantes para determinar si se estaban desarrollando trabajos de extracción pese a las restricciones existentes.
La cuestión que plantean ahora es si los mecanismos de inspección y control de la Administración autonómica fueron suficientes para detectar esas labores y evitar que continuasen.
Un accidente que dejó cinco fallecidos
La explosión de grisú registrada el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, se saldó con la muerte de cinco trabajadores, cuatro de ellos vinculados a Laciana y uno al Bierzo, además de varios heridos.
El accidente ha generado desde entonces una investigación judicial y también una investigación política en Asturias. En junio de 2026, la Junta General del Principado aprobó un dictamen de la comisión de investigación que señaló responsabilidades políticas y reclamó, entre otras medidas, mejoras en las inspecciones mineras y ayudas económicas para las familias de las víctimas.
El Gobierno asturiano anunció asimismo ayudas de hasta 72.000 euros por cada víctima mortal, con carácter retroactivo para determinados accidentes laborales, entre ellos el de Cerredo.
Ahora, las familias de cuatro de los trabajadores fallecidos mantienen abierta su reclamación patrimonial frente al Principado, con una primera cuantificación que supera ya el millón de euros y a la espera de que avance la tramitación administrativa y judicial.
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